Trabajadores sindicalizados del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) denunciaron públicamente a Víctor Manuel Pinot Juárez, quien por casi 20 años fue el dirigente del Suicobach, pero que hoy no forma parte de este organización, pues quiere de manera engañosa crear conflictos cuando ya conformó otro sindicato, que denominó “Causa Cobach”.
Señalamientos
Lamentaron que intente interferir con supuestas denuncias, sin sustento, a la actual dirigencia del sindicato al que perteneció, pero que hoy solo es parte de la historia.
Señalaron que la reaparición del exdirigente sindical representa un “espectáculo bochornoso”, al intentar presentarse como víctima y defensor de los derechos laborales, cuando ha sido señalado por el saqueo de las cuotas sindicales y la opacidad en el manejo de los recursos de los sindicalizados.
Los trabajadores informaron que, bajo un nuevo membrete denominado “Causa Cobach”, Pinot Juárez busca limpiar su imagen y borrar un historial de arbitrariedades mediante declaraciones mediáticas; sin embargo, sostienen que los hechos documentados contradicen su discurso, ya que mientras presume contar con 70 agremiados, los registros oficiales del Centro Federal de Registro Laboral únicamente reconocen a 27 personas afiliadas.
Contexto
Los cobachenses subrayaron que Pinot Juárez no se retiró de manera voluntaria de la dirigencia sindical, sino que fue separado por la vía legal. Recordaron que su intento por recuperar el control sindical fue desechado en el expediente 71/2022 del Juzgado Primero de lo Laboral, donde se determinó la improcedencia de su demanda al detectarse “vicios de origen”.
Además, indicaron que la justicia laboral documentó irregularidades graves en su entorno cercano, incluyendo falsificación de firmas y otras prácticas para perpetuarse en el poder.
Denuncian que en su momento se inició un Registro de Atención 2375-101-0204-2021 en la Fiscalía de Distrito Metropolitano contra el exlíder sindical y 15 presuntos cómplices, por delitos como peculado, abuso de confianza, suplantación de identidad y falsificación de documentos, relacionados con un presunto desfalco superior a 192 millones de pesos.
Desde 2020 existe una solicitud formal para que la Unidad de Inteligencia Financiera investigue un presunto enriquecimiento injustificado y el destino del patrimonio sindical.
