"Francisco Valdés Ugalde + * El Universal. Manana se cumple el 90 aniversario de la Constitución de 1917. Será celebrada, como de costumbre, en medio de la ignorancia general de su significado actual y del grado en que se ha vuelto obsoleta.
El Estado mexicano descrito en la Constitución ha caducado desde el punto de vista de los estándares de la democracia contemporánea, ya no digamos de la que es posible imaginar hacia el futuro proyectable. Una evidencia de ello es que a pesar de sus constantes ""renovaciones"", sigue sosteniendo un sistema político que se asemeja a una nave oxidada y desvencijada.
Robert Dahl, el clásico estadounidense de la ciencia política, en un opúsculo reciente (zEs democrática la Constitución de Estados Unidos?, 2003) sugería, a propósito de los anacronismos de la Constitución de su país, que ""nadie, eso espero, contrataría, para hacer su cableado, a un electricista que sólo contara con los conocimientos de Benjamín Franklin, ni propondría un viaje entre Nueva York y Londres en el avión de los hermanos Wright"". Las viejas constituciones son constituciones viejas y, en muchos aspectos, obsoletas. Y, sin embargo, viajamos en el tiempo con ellas.
Con la nuestra ocurre algo semejante: no está a tono con los tiempos. Son muchos los aspectos del dominio público a los que atane esta afirmación. Los tratados internacionales signados por México son de segundo rango en comparación con la letra de la Constitución. Sean de libre comercio o derechos humanos, el ejercicio del poder desde el Estado goza de un subterfugio para darles la vuelta. Cuando se denuncian violaciones de derechos invocando los tratados, los denunciantes quedan en indefensión, y nadie tiene certeza sobre la vigencia real de las garantías que consagran esos tratados.
La desarticulación entre los poderes del Estado ha alcanzado ya la categoría de una leyenda negra para las generaciones venideras. Ni el Ejecutivo, electo por mayoría relativa, ni el Legislativo, pulverizado en su incapacidad para formar mayorías en temas trascendentes y de urgencia, saben si pueden gobernar por ordenanza o legislar por mandato de la mayoría. De ahí la parálisis legislativa y gubernativa, que entra en su séptimo ano, en los temas clave para el futuro.
Otro tanto pasa con la coordinación entre las entidades federativas y la Unión. La incapacidad del centro para imponerse a la periferia y la de ésta para coordinarse adecuadamente con aquél redundan en una autonomía extralimitada de las entidades, que en algunos lugares ha cedido el paso a los poderes fácticos de la delincuencia organizada, a vista y paciencia del que quiera mirar.
Varios de estos son efectos de la democracia pluralista sobre un sistema autoritario desvencijado que opera, sí, pero como una máquina desquiciada. Cierto, se mueve y funciona, pero lo hace tan mal que ha llegado a poner en riesgo la viabilidad del país en el contexto internacional y en su funcionamiento interno. Basta mirar a las elecciones del ano pasado y sus consecuencias para la credibilidad de la democracia. Una competencia renida, regida por reglas malas o insuficientes (como la inexistencia de la segunda vuelta), golpeó las instituciones y retrocedió en lo alcanzado.
Hay que reconocer que en el orden constitucional vigente coexisten dos proyectos incompatibles: uno autoritario y otro democrático que intenta dejar atrás al primero. Con frecuencia, los mismos actores que suscriben la democracia parecen confundidos al proteger estructuras que, como la hipertrofiada institución presidencial o la no reelección, entre otras, representan nítidamente la huella autoritaria del Partido Nacional Revolucionario.
Debemos recordar que la transformación del Estado hasta 1996 se orientaba en la dirección de producir un modelo que renovara la capacidad hegemónica del partido autoritario, el PRI, mientras que después de esta fecha sobrevino un cambio de dirección hacia el pluralismo político.
Para el primer proyecto era pertinente generar un conjunto de cambios que modernizaran el autoritarismo, ampliando los espacios para la oposición, pero sin ceder los nudos fundamentales del poder de decisión. Con esa mira también se promovieron ""órganos autónomos de Estado"", como el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral, entre otros. Estas ""autonomías"" se establecieron bajo el supuesto de que no desaparecería la capacidad hegemónica de la mancuerna Presidencia-mayoría congresual.
Para el segundo proyecto era menester garantizar libertad y certeza electoral. A continuación debía enfrentar una revisión a fondo del sistema político más allá de lo electoral. Obtuvo lo primero, pero el acuerdo para lo segundo no se ha construido.
Este traslape de dos proyectos contradictorios ha producido un mecanismo de freno y arranque periódico para la finalización de la etapa de la instauración democrática. Esta instauración no se puede concluir sin una reforma mayor del régimen, y ésta no se puede emprender si los actores decisivos padecen ceguera ante este imperativo y el método para lograrlo. Mientras todos se dicen democráticos, en el fondo aspiran a medrar de las ventajas de una hipotética vuelta a un sistema, si no hegemónico como el del PRI, sí suficientemente capaz de producir su remedo.
Manana 5 de febrero habrá poco que celebrar. Como se ve, viajamos en una nave destartalada o, para ponerlo en la imagen de Dahl, tenemos un cableado que fue instalado con el saber, las manas y los suenos de los anos 30, que no son ni actuales ni democráticos.
[email protected]
+ Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
"
