Han sido ya muchas las llamadas de atención e incidentes de alto riesgo que se han dado en los últimos meses debido a fugas en diversos ductos de Pemex en diferentes regiones del país, pero sobre todo en el estado de Veracruz.
Así, el 22 de diciembre pasado ocurrió una explosión, incendio y derrame desastroso de 10 mil barriles de crudo en el río Coatzacoalcos. El 26 de enero, en Agua Dulce, una fuga de gasolina causó graves danos y obligó a desalojar a 4 mil personas. El 14 de marzo hubo un nuevo derrame de crudo y diesel en el río Chiquito, en Ciudad Mendoza, en la misma entidad del sureste.
Ahora se ha presentado una peligrosísima fuga de amoniaco, un gas muy venenoso para el ser humano, en el municipio de Nanchital, Veracruz. Después de ocurrir un accidente que involucró a una cuadrilla de una empresa privada de mantenimiento, se causó la muerte de cinco de sus trabajadores y la emisión a la atmósfera de un gran volumen de ese peligroso gas. Lo ocurrido revela la necesidad ya inocultable de reforzar los programas de mantenimiento y seguridad del equipo y sistemas de distribución de Pemex. De ninguna manera puede aceptarse que los residentes de las zonas por las que se localizan tales instalaciones tengan que vivir en el miedo constante, amenazados por fugas catastróficas. Ya el gobierno estatal de Veracruz se ha manifestado muy enérgicamente en el sentido de que no permitirá un percance más, dado que lo ocurrido es muy doloroso y significa pérdidas materiales para los ecosistemas, y ahora las familias.
Es indispensable que, previa investigación de los hechos del más reciente siniestro, se deslinden las responsabilidades a que hubiere lugar; pero también es extremadamente importante que de una vez por todas se reparen los danos al equipo, así como en general a todo el sistema de conducción y que se indemnice a las familias de los trabajadores que perecieron y a los habitantes de la región, que han sido desalojados por no estar controlada la fuga.
El criterio presupuestal que ha sido aplicado en Pemex a lo largo de los últimos decenios, con el objeto de utilizar sus ingresos en el apoyo de las finanzas públicas, podría convertirse, así, en un castigo para todos. La gran empresa paraestatal no sólo se ve afectada en su capacidad de explotar racionalmente el recurso en los próximos anos, sino que, lo más grave, es que se está convirtiendo en muchos casos en una amenaza contra el medio ambiente y contra los habitantes de las regiones que, en lugar de ser beneficiados por el aporte de los recursos extraídos de sus tierras para el patrimonio nacional, se ven ahora cada vez con más frecuencia en calidad de víctimas de lo que parece ser una incuria evidentemente injustificable. Si bien sería lo justo, no resulta suficiente indemnizar a las víctimas o a sus familiares y reparar a medias el dano ambiental.
Es necesario que las autoridades federales, la administración de Pemex y el Poder Legislativo convoquen a una consulta nacional con expertos para reforzar los programas de mantenimiento de Pemex y convertirlos de una actividad marginada, en un esfuerzo fundamental de la empresa para los próximos anos. Según se ha informado, durante mucho tiempo, debido a una falta presupuestal, no se ha dado mantenimiento a los ductos de Pemex.
Urge hacerlo, antes de que ocurra una tragedia de mayores e incalculables consecuencias. (El Universal).
