En México, seis entidades federativas han legalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación: Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California y Colima. Guerrero se les sumó recientemente, mientras que en Sinaloa se permite hasta las 13 semanas. En Chiapas ni siquiera se ha discutido el tema.

En nuestro estado, actualmente, solo se permite el aborto en tres causales: al estar en peligro la vida de la mujer, por una malformación del producto o porque el embarazo es el resultado de una violación.

La última iniciativa que fue discutida por el Congreso local se presentó en 1990, y fue congelada luego del linchamiento por parte de grupos religiosos y provida. Posteriormente se han presentado dos, pero ni siquiera pasaron a comisiones.

Patricia Sánchez, fundadora de Mi Útero Feliz A. C. comentó que en su percepción las personas que se han convertido en diputados en las últimas décadas, no discuten el tema por el costo político que implica, al ser un tema todavía polémico socialmente.

Sin embargo, deben entender que se trata de un tema de salud pública, más allá de los dogmas religiosos. Va enfocado a garantizar que todas las mujeres tengan la posibilidad de decidir sobre su cuerpo, su plan de vida, accediendo a un aborto seguro y legal.

De acuerdo con una investigación realizada por Lorena Vázquez, titulada “Aborto legal: de las 12 a las 14 semanas de gestación”, las instituciones que han aprobado la interrupción legal del embarazo, cuando el debate está centrado en los derechos de las mujeres, las resoluciones son garantizadas y se otorgan más semanas de plazo para la toma de decisión y posibilidades de acceso a los servicios de salud.

En cambio, cuando la discusión jurídica permanece centrada en preguntas sobre la vida en gestación y su protección, las decisiones de las instituciones son más restrictivas para las mujeres, tomando como indicador el número de semanas adecuadas para la interrupción legal del embarazo.

Patricia Sánchez consideró que no es posible que los diputados quieran esperar a que toda la sociedad esté de acuerdo con el aborto para hacer las modificaciones a las leyes y al sistema de salud. Es un tema de derechos que no puede depender de la opinión pública.

En México, el 7 de septiembre de 2021 el Pleno de la SCJN resolvió que la criminalización del aborto en todas las etapas de la gestación es inconstitucional, lo que debía aplicarse a las mujeres que estuvieran en proceso o hayan sido sentenciadas, por lo que debían ser puestas en libertad. Aunque la resolución no es equivalente a la legalización.