La nota principal de El Universal del jueves pasado es escalofriante. En los últimos ocho anos han desertado 150 mil soldados, de los cuales más de mil 500 provienen de los cuerpos de élite.
El día anterior, este diario recordó que hace un ano la Sedena lanzó al Congreso de la Unión un SOS que no fue atendido y advirtió que la degradación de las Fuerzas Armadas en cinco anos puede llegar a una situación irreversible.
Se trata de una combinación de yerros acumulados. Un Ejército que a pesar de su institucionalidad ha sido tradicionalmente dejado de lado por los grupos gobernantes y las clases dominantes. La equívoca decisión política arrastrada desde hace varios decenios de involucrar al Ejército en los asuntos internos y como sustituto de la carencia de policías aptas y responsables. Y, finalmente, la arraigada percepción en el poder público de que la pirámide gubernamental que culmina en la Presidencia de la República es capaz de hacerse cargo del conjunto del problema.
Se han puesto en entredicho las tres seguridades fundamentales que requieren la sociedad y el Estado: la seguridad personal, la seguridad política y la seguridad nacional.
Es sumamente grave lo que reveló la Secretaría de la Defensa. Si en menos de una década se ha perdido tal cantidad de efectivos y si, además, se asocia esta información con la aparición de bandas paramilitares dedicadas a servir a la delincuencia organizada, es que estamos en un gran aprieto.
A esto debiera atender con toda probidad y certeza el Consejo Nacional de Seguridad. Los mexicanos de esta generación tenemos un Estado que está siendo atacado por dentro y desde fuera. La naturaleza del problema no parece suficientemente comprendida por los responsables.
Y éstos no son sólo el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Legislativo y los poderes estaduales, que han sabido reclamar su cuota de poder democrático pero no han pagado el costo de inscripción en la escuela de la gobernanza democrática. Parece que la ciudadanía no carece de razón cuando valora en niveles preocupantes a estos otros poderes y órganos de gobierno que viven en la dialéctica entre inutilidad y oportunismo.
A pesar de que la política inmediata parece reclamar en su inmediatez decisiones prontas así sean disparatadas, es indispensable llamar la atención de la opinión al hecho de que si no se toman medidas comprehensivas para reponer la capacidad de acción unitaria del Estado por encima de la diversidad política y del fraccionalismo instalado en los poderes públicos, no será posible atender este grave problema que atenta contra las seguridades fundamentales.
De particular importancia es la presión social que se pueda aplicar sobre las instancias de gobierno. La celeridad con que se atienden ciertas demandas después de la última reunión del Consejo Nacional de Seguridad sólo se explica por la exigencia social.
Mejor ciudadanía es la única receta para un mejor Estado. Mientras tanto, es probable que debamos resignarnos a ver cómo desciende la capacidad de control del gobierno sobre las bandas criminales.
[email protected] * Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
