"Abenamar Sánchez/ Francisco Barbosa * CP. Ojo sangriento e hinchado. Humillado. Octubre 11, 2002. Pedro Raúl López Hernández, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), comparece ante la prensa: Denuncia agresión: lleva un ojo cerrado... a golpes.

Un día antes -se queja- tres hombres lo interceptaron cerca de su casa, por la noche. Mientras lo tunden a golpes, tirado al suelo, le gritan deje ""de enviar pendejadas"".

Los hombres se estarían refiriendo a las recomendaciones enviadas al Gobierno Estatal.

Nada, dicen.

La agresión se dio a casi nueve meses del tiroteo a la casa del mismo Ombudsman en el lado oriente sur de la ciudad. El atentado fue el 14 de enero. Fueron siete tiros contra el coche y la casa.

El gobierno soltó su hipótesis de autoatentado.

Pero poco después, por el caso, cayó preso, además de otras personas, Nicolás Acero Nadayapa, ex edil de Berriozábal y amigo de Pedro Raúl López Hernández. Primero estuvo arraigado.

El Ombudsman, dudó el 6 de marzo, 2002:

-Desde mi punto de vista, él no tiene los medios ni los alcances ni las razones para hacer una acción como ésta.

En esos mismos días, el ahora fiscal Mariano Herrán Salvatti habría reconocido que basó la solicitud de arraigo en el testimonio de un interno del entonces Centro de Readaptación Social (Cereso) Uno de Cerro Hueco.

En su momento, Nicolás Acero Nandayapa informó, basado en los reportes que habría recibido de la entonces PGJE, que las personas que habrían atentado contra el Ombudsman fueron Ariosto y Fredy Ruiz Ruiz, enviados por Mario Alberto Sánchez Ruiz, supuestamente contratado por el propio Nandayapa.

Tras una investigación realizada entonces, se pudo conocer que tanto Ariosto y Fredy Ruiz estaban presos en el penal 1 de Cerro Hueco por los delitos de secuestro y homicidio, purgando una condena de 32 anos de prisión.

Pero mientras avanzaba la clara confrontación oficial contra el ombudsman Pedro Raúl López Hernández, quien había sido electo presidente de la CEDH en el 2001, en el 2002 se sucedían las quejas sobre violación de derechos humanos y se alargaba la lista de ex funcionarios alboristas detenidos.

Eduardo Montoya Liévano, quien fuera procurador durante el gobierno de Roberto Albores Guillén, había sido detenido el 6 de noviembre del 2001 por el delito de peculado, el mismo día en que se anuncia la investigación a 20 ex funcionarios.

A Montoya Liévano se le relacionó con un presunto desvío de más de 7 millones de pesos del Fondo Federal de Seguridad Pública.

Se le dictó auto de formal prisión el 12 de noviembre.

El 19 de diciembre del mismo ano, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvo a Librado de la Torre, ex secretario de Agricultura y Ganadería. Entre los delitos, peculado y asociación delictuosa.

Siete días después, el ombudsman Pedro Raúl López Hernández, quien meses anteriores había criticado la violencia policiaca contra los campesinos de Ixtapa el 12 de febrero y de Zamora Pico de Oro, San José Marqués de Comillas, el 21 de julio, pidió protección y denunció a César Chávez, coordinador de asesores del gobierno de Pablo Salazar.

-Encierro, destierro o entierro -habría dicho el funcionario al defensor.

Y el caso atentado del 14 de enero del 2002 luego se vio tocado de nuevo por un clima de detenciones y declaraciones de ex funcionarios. El 3 de febrero, cayó preso Humberto Córdova Cordero, ex secretario de Salud.

Fue detenido por elementos de la AEI. Se le había, según fuentes extraoficiales, citado a ampliar una declaración sobre una averiguación previa que tenía integrada en su contra. Al acudir, se le informó que había una orden de aprehensión en su contra. Era el cuarto ex funcionario detenido.

Arturo López Martínez, ex gerente de la Comisión Estatal de Caminos (CEC), ya estaba recluido en el penal de Cerro Hueco, por los delitos de peculado y asociación delictuosa. El 5 de febrero, 2002, su abogado Antonio Flores informó que había ganado un amparo ante la justicia federal.

Dos días después informó de nuevo el abogado que el Juez Segundo del ramo penal había dictaminado que López Martínez no era culpable de delitos de asociación delictuosa y fraude, por lo que podría quedar en libertad bajo fianza.

Pero ese mismo día, mientras quedaba en libertad José Salvador Moreno, empresario constructor que había sido detenido por irregularidades en obras de la Secretaría de Salud, se informaba sobre la detención de otro ex funcionario de la misma dependencia, Jaime Moreno García.

También se hablaba de otro detenido, de nombre Jorge Carreri.

El 12 de febrero fue detenido Leopoldo Miranda Abarca, funcionario de la Secretaría de Gobierno a cargo de Alfonso Utrilla Gómez, prófugo desde esos anos. Se le detuvo en el estado de Colima, y fue trasladado directamente al penal 1 de Cerro Hueco en Chiapas.

Ese mismo día, el Juez Cuarto del ramo penal informó que por los delitos de peculado, abuso de autoridad y asociación delictuosa se le había dictado un nuevo auto de formal prisión a Eduardo Montoya Liévano.

El 7 de marzo se informó sobre la inhabilitación temporal para ocupar cargos públicos al ex contralor Jorge Santiago Zenteno, y otras personas que habían laborado con él, Miguel Agustín López Camacho y Alberto León Moreno.

El 24 de abril, el ahora fiscal Mariano Herrán Salvatti citó entre los ex funcionarios más buscados a Luis Alfonso Utrilla Gómez, José Bautista Brindis, Florencio Madariaga Granados y Manuel Espinosa Poo por los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones y asociación delictuosa.

Dijo que la oficina central Interpol-México ya había solicitado la colaboración internacional para lograr la detención de esos ex funcionarios. Pero ocho días después, recobró la libertad Héctor Ruiz Ruiz, quien estuvo arraigado 50 días por el caso atentado a Pedro Raúl López.

No se le comprobó responsabilidad alguna en el asunto, y exigió se liberara a su hijo, quien un día antes había sido consignado por el mismo caso. Y los organismos defensores de derechos humanos empezaron a arreciar las críticas contra el Estado.

El organismo internacional Global Exchange dijo que en Chiapas había linchamientos contra defensores de derechos humanos y presos políticos, de acuerdo con el monitoreo que había realizado desde principios del 2002.

Y en los primeros meses del 2004, tras la detención del líder priísta Aquiles Espinosa García por presunto uso de coche robado, saltó a los medios la amenaza de averiguaciones previas contra el Ombudsman.

La amenaza habría llegado tras una denuncia hecha por el Ombudsman en San José, Costa Rica, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre violaciones constantes a los derechos humanos, incluido el caso ""ley mordaza"".

Un mes antes que fuera remitido al penal de El Amate el ex funcionario alborista Lino Palacios, ex delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se cerró el caso CEDH, el 10 de noviembre del 2004, con el nombramiento de Yesmín Lima Adam como presidenta del órgano defensor.

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