A través de las redes sociales se emprendió una campaña de desprestigio en contra del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez porque, supuestamente, se realizó a una empresa la asignación directa en un contrato para servicios de laboratorio, sin embargo, la información difundida es muy limitada.
Al hacer una búsqueda de los datos, se encontró con que se trata de un contrato abierto de “Subrogaciones” que beneficiará a los trabajadores del municipio con un servicio de laboratorio, sin embargo, el tema cobró relevancia por las acusaciones de tráfico de influencia que se hace al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), Rafael Sánchez Zebadúa, quien participó en el proyecto con su empresa Rovisan.
En la convocatoria que difundió el municipio, se invitan a todas las personas físicas y morales a participar en el proceso; incluso, el Comité de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez la establece como “Licitación Pública Estatal No. LPE/OM/DA/002/2019 1a. Licitación (Reducción de Plazos) Contrato Abierto”.
De los aspectos que fueron criticados, es el supuesto favoritismo al empresario local por el puesto que ahora ostenta, sin embargo, cuando el ayuntamiento difundió la convocatoria en el mes de enero, él no era presidente de la Canaco en Tuxtla, ni siquiera figuraba en la planilla competidora para el relevo de la dirigencia del organismo empresarial, la cual ocurrió el 20 de febrero.
En la convocatoria resaltan dos puntos que son fundamentales y que se relacionan con el criterio de asignación, el cual se establece en las bases de la licitación y el otro, que ninguna de las exigencias a las empresas participantes se pueden negociar.
El veredicto de la primera licitación se dio el pasado 30 de enero, en la que dos de las cuatro empresas participantes cumplieron con la parte técnica pero en la segunda fase se toparon con irregularidades administrativas.
La segunda licitación también fue pública y el resultado final se dio el 21 de febrero; las empresas participantes cumplieron en lo técnico pero no en lo administrativo (de nueva cuenta), el proceso quedó desierto.
La tercera etapa se llevó a cabo en sobre cerrado donde los interesados también enviaron sus propuestas y ahora están a la espera del fallo final que emitirá el Comité en una adjudicación directa, debido a que se agotaron todos los caminos de licitación.
Aún cuando el ayuntamiento no ha difundido el veredicto de la adjudicación, en redes sociales se acusó a Sánchez Zebadúa de aprovechar su posición empresarial.
Otro de los aspectos que llamó la atención en la agenda de los medios, fue lo que declaró el regidor Francisco Rojas Toledo (pese a no formar parte del Comité Evaluador), al señalar que el 15 por ciento que ofreció de descuento la empresa Rovisan ponía en duda su calidad; con ello, se buscaba afectar la imagen construida a lo largo de 20 años por parte del empresario local, dedicado al servicio de laboratorios y de no farmacéuticos, como también se dijo en otros medios de comunicación.
Sánchez Zebadúa no incurre en ningún conflicto de interés, considerando lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y la Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas, toda vez que no es servidor público y tampoco tiene relación familiar con aquellas personas que integran el Comité Dictaminador.
El regidor del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Francisco Rojas también aseguró que empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) protestaron por la adjudicación directa; se consultó esta información con el presidente del organismo empresarial, Enoch Gutiérrez Cruz, quien aseguró que hasta el momento no tienen ninguna inconformidad expuesta al ayuntamiento, pues desconocen el resultado final.
Aclaró que la inconformidad que tienen no va en contra de las empresas participantes, lo único que le piden al gobierno municipal es que exista transparencia en dicho proceso. De las cuatro compañías que en la primera licitación compitieron, dos de ellas están afiliadas al Sindicato Obrero Patronal.
Gutiérrez Cruz sí externó su preocupación por la licencia de funcionamiento de la empresa Rovisan y por el descuento del 15 por ciento que ofreció en la licitación; al consultar el tema, se constató que dicha compañía cuenta con la documentación exigida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
La Oficialía Mayor de Dirección de Adquisiciones, el pasado 4 de marzo, a través del oficio OM/DA/0126/19, invitan a participar a Sánchez Zebadúa, a la presentación de propuestas solicitado por la Secretaría de Salud, pero en esta ocasión en sobre cerrado con la cotización correspondiente. El veredicto final está aún por conocerse.