El manejo eficiente del agua en los sistemas de producción agrícola no es un simple desafío técnico de ingeniería hidráulica; constituye el eje político, social y ambiental sobre el cual se sostiene la soberanía alimentaria del sur de México, explicó el investigador Juan Quintana Adriano, quien señaló que la capacitación técnica especializada, unida a una sólida organización social de base y al respaldo metodológico de la universidad, es la única fórmula que garantiza la transparencia y el máximo rendimiento en la inversión de recursos federales y municipales.
Limitaciones
Durante décadas, la dispersión organizativa y el rezago en la modernización de los distritos de riego han limitado el potencial del campo chiapaneco, generando ineficiencias en el uso de los recursos hídricos.
En el marco de la nueva política nacional en la materia, la legislación establece un principio jurídico de gran trascendencia: el agua se consolida de nueva cuenta como un accesorio de la tierra.
Este giro legal obliga a las organizaciones de productores a transitar hacia una gestión de padrones sumamente rigurosos y transparentes, donde la precisión matemática de los flujos de irrigación debe estar respaldada por una estructura administrativa impecable.
Escenario
Ante este escenario: ¿Cómo articular la ciencia hidroagrícola y la organización social de base para transformar el recurso agua en bienestar comunitario directo?
Como una respuesta estructural a esta urgencia productiva, la Asociación Nacional de Usuarios de Riego (ANUR), bajo el liderazgo en el estado de Eduardo Altuzar López, tiene una jornada de capacitación intensiva dirigida a los distritos de riego de la entidad.
El encuentro se posiciona como una estrategia clave para adecuar los sistemas de producción locales a las demandas de sustentabilidad del siglo XXI, vinculando de forma estrecha el orden legal con la transferencia tecnológica de alto nivel.
Durante las sesiones de trabajo se demostró con rigor técnico que la regularización y actualización de los padrones de usuarios ante organismos federales clave como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Registro Agrario Nacional (RAN), no representa un mero trámite burocrático.
Vía jurídica
Por el contrario, constituye la vía jurídica indispensable para desatar el desarrollo de la infraestructura hidroagrícola en el territorio.
Estar en estricto apego a la normatividad fiscal y agraria permite a las comunidades de productores organizados acceder a incentivos federales de gran impacto para la eficiencia del campo.
Entre ellos, los Subsidios Federales Co-financiados: Acceso a fondos que cubren hasta el 50 % del costo total en la construcción de obras de infraestructura hidroagrícola y en la adquisición de maquinaria moderna para la tecnificación del riego.
Además de la Eficiencia Energética y Costos de Operación: Integración al padrón de tarifas eléctricas preferenciales destinadas exclusivamente al bombeo agrícola, lo que reduce de forma drástica los costos de producción y optimiza la huella energética del agro regional.
La gestión moderna y sustentable del agua no puede consolidarse de forma aislada; requiere del soporte de la investigación científica de frontera y la validación académica.
Transparencia
Explicó el investigador Juan Quintana Adriano, quien señaló que la capacitación técnica especializada, unida a una sólida organización social de base y al respaldo metodológico de la universidad, es la única fórmula que garantiza la transparencia y el máximo rendimiento en la inversión de recursos federales y municipales.
Con el establecimiento de estas bases de organización técnica y legal, se proyecta que para el año 2027 la transferencia tecnológica y la suma de apoyos se multipliquen, defendiendo el Derecho Humano a una alimentación sana, al agua sustentable y a un desarrollo rural digno en la frontera sur.
