Actualmente la Ley Ingrid, una vez que fue aprobada por la Cámara de Diputados fue enviada al Senado para su votación, y de ser aprobada, el Congreso de Chiapas y los del resto del país tendrían que hacer forzosamente las modificaciones y derogaciones correspondientes a sus códigos penales.
Aunque por ahora no es una obligación para los congresos, sí “es importante recordar que los legisladores tendrían que tener esa responsabilidad de ajustar lo que se tenga que ajustar, porque definitivamente estamos viviendo fuera de un Estado de derecho”, manifestó la abogada Marisela Aguilar Gerardo.
La también consultora política destacó que algunos estados fueron mucho más visionarios en este tema, adaptándose a la dinámica social que se está viviendo para proteger y garantizar los derechos de sus ciudadanos. La Ciudad de México, por ejemplo, siempre ha sido vanguardista en estos asuntos, lo mismo que Colima.
Enfatizó que tanto la Ley Ingrid como la Ley Olimpia, lamentablemente surgen a partir de hechos violentos en contra de las mujeres. No es que se hagan leyes especiales, sino que se trata de grupos más vulnerables y de víctimas con altos índices de violencia.
Objetivo
El objetivo principal de la Ley Ingrid es bloquear toda acción de revictimización, estereotipación, discriminación y estigmatización contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. Tuvo su origen en el caso de una joven del mismo nombre víctima de feminicidio y que imágenes de su cuerpo mutilado fueron difundidas en diversos medios.
Es necesario entender que no se refiere a una ley como tal, más bien se trata de una serie de modificaciones legislativas para sancionar acciones específicas, porque la ley se tiene que ir modificando según la dinámica social, ya que no es lo mismo la penalidad de hace cien años al tipo de violencia que hoy se vive.
La abogada reiteró que el sistema legal debe adaptarse a los entornos sociales de manera constante, y a la par, los elementos de seguridad, impartidores de justicia y funcionarios públicos deben capacitarse para poder aplicar esas modificaciones de manera efectiva.
Es importante que las escuelas judiciales se mantengan actualizadas para enseñar a los servidores públicos para poder atender situaciones tan delicadas como los feminicidios, que tengan la capacidad y sensibilidad para no incurrir en faltas de ningún tipo.
Es lamentable que los primeros respondientes en emergencias, policías, paramédicos y otros, distribuyan imágenes de víctimas, tal como ocurrió en el caso de Ingrid y que ha dado origen a todo un movimiento.
