"Francisco Valdés Ugalde * / SUN La crisis postelectoral impone una certeza: sin reforma del Estado el país es inviable o, por lo menos, su viabilidad está sujeta a costos de negociación y transacción cada vez más altos y, a la postre, impagables. Esta reforma debería conseguir dos objetivos: establecer nuevas instituciones que se adecuen a la realidad política del presente, con la que chocan sistemáticamente muchas de las que tenemos hoy, y que se instituya un estado democrático de derecho en el que las reglas jurídicas de observación general sean justas, de aplicación equitativa y a prueba de cualquier voluntad de colocarse por encima de ellas. No es poca cosa. Algunas de las razones por las que la necesidad de una reforma se agudiza emergen claramente del conflicto que enfrenta el IFE y pronto podría alcanzar al Tribunal Electoral. La Constitución y las leyes electorales disponen que el Consejo General del IFE surja del acuerdo parlamentario por mayoría calificada de los diputados. A diferencia del consejo que le antecedió, el actual fue designado por una Legislatura cuya Cámara de Diputados reflejaba plenamente la polarización natural de la ausencia de una mayoría en ella. No ocurrió lo mismo con el anterior, electo antes de que se hubiese perdido dicha mayoría. En la nueva circunstancia ya había cobrado plena carta de ciudadanía (?vaya paradoja!) la contienda por distribuir el poder en los órganos del Estado lo más favorablemente a cada fuerza política. De ahí la puja por nombrar a los consejeros presuponiendo su mayor o menor afinidad con los partidos. Este detalle no sería importante si el mismo poder facultado para instituir al órgano autónomo encargado de organizar las elecciones le respetase luego la autonomía que le otorga la Constitución y éste realizara sus funciones sin interferencias que condicionen su obligación de dar certeza y equidad a los procesos electorales. Pero lo cierto es que la forma en que se han conducido los partidos políticos, aunada a los candados legales a los que el IFE está sujeto, da por resultado una aberración política: que en la práctica, en muchas de sus acciones el IFE quede obligado al cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo General a sugerencia de los propios partidos y que éstos rompan acuerdos aceptados previamente y sometan a la autoridad electoral a su conveniencia política cuando pongan en duda sus certezas adquiridas. El efecto es la desautorización del órgano cuya autoridad debiera imperar sobre los partidos y no a la inversa. Los partidos políticos son ""organismos de interés público"", no autoridades públicas constituidas, mientras que el IFE o el tribunal electoral sí lo son. Cuando dos candidatos presidenciales se declaran ""presidentes electos"", zno están acaso colocándose por encima de la disposición constitucional que da al tribunal la facultad de hacer este nombramiento?. Hay en todo esto una impostura de principio y de estructura. El IFE no fue creado para tutelar primordialmente los intereses de los partidos, sino la voluntad ciudadana expresada a través de los votos en las elecciones federales. A ella se deben los partidos y el IFE es una de sus garantías constitucionales. Los modernos partidos políticos responden, al menos en la teoría, al eslabonamiento de dos tipos de interés. De un lado está el de los ciudadanos de que los gobernantes electos por ellos en la competencia democrática pongan en marcha políticas públicas y acciones de gobierno que les beneficien. Del otro está el interés de los políticos profesionales de conseguir las prerrogativas que les otorgan los cargos públicos. No se trata de un binomio armónico por naturaleza. Ambos intereses son legítimos, pero es obvio que son intereses encontrados. En nuestro país hay un reconocimiento general de que los partidos se han extralimitado y que en su lucha de poder anteponen sus intereses a los del país. ""Partidocracia"" ha sido el término que hemos acunado y repetimos de boca en boca. La soberanía reside en el pueblo, no en los partidos y solamente a través de normas jurídicas acompanadas de sanciones a su incumplimiento se puede doblegar el segundo interés, el de los políticos, al primero, el de los ciudadanos, y estas normas deben estar inscritas en la Constitución del Estado y las leyes que ésta anima. En México los partidos políticos se disocian con la mayor frecuencia de los intereses de los ciudadanos y hacen parecer que la legitimidad de fondo reside en ellos y no en su apego a las normas instituidas. A menudo estas normas son transgredidas con el argumento de que son impropias o injustas, lo que daría lugar a la legitimidad de su violación. Así, volviendo al caso, mientras el IFE queda vinculado por las normas y acuerdos que lo obligan, los partidos se dan el lujo de cuestionar o minar su autoridad escapándose por las múltiples rendijas creadas por ellos mismos para garantizar fórmulas de una impunidad. La coyuntura actual ofrece un claro ejemplo de la necesidad de revisar a fondo las estructuras y procedimientos de autoridad del Estado y su apego a los valores democráticos. No es éste el único renglón en que esta revisión se impone. El sistema de relaciones entre los poderes del Estado, entre las entidades federativas y el gobierno federal, el acceso general a la ""justicia de ventanilla"" son, entre otras, áreas que al igual que la electoral y partidaria requieren de una revisión exhaustiva que ha sido rehuida una y otra vez por los partidos políticos.
El estado democrático de derecho exige una nueva ecuación entre legitimidad y legalidad que impida que sea sometido a la voluntad de minorías, poderes fácticos y personalidades carismáticas, y no se conseguirá sin reforma del Estado. [email protected] * Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
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