"MdeR. * CP. Esta semana, El Universal reveló el secreto del atorón político de fin de ano: la imposibilidad de poner en práctica la reforma electoral, que incluye el nombramiento del consejero presidente del IFE y otros dos. El ano termina así con nubarrones en la política; la ""reforma electoral"" comienza a mostrar sus fallas de origen y a confirmar su sentido regresivo.
De acuerdo con la nota de Arturo Zárate (18/12/07 A1), tuvo lugar una intervención de Los Pinos para evitar una designación de mayoría PRI-PAN y esperar a que el PRD pueda acercarse a una solución de consenso en la conformación del Consejo General del IFE.
La Presidencia de la República habría jugado un papel importante en la decisión del Congreso, consiguiendo la postergación para dar al ""nuevo"" IFE un reconocimiento unánime. Se eligió esta opción por sobre el cumplimiento del plazo constitucional fijado por el Poder Constituyente para finiquitar esta etapa del proceso, que vencía el 15 de diciembre. En consecuencia, las fracciones parlamentarias de PAN y PRI habrían aceptado, y la dirigencia de los grupos parlamentarios del PRD aflojará la presión de los fieles del Peje y su posición absoluta de no aceptar más que al ministro Góngora como presidente de la institución electoral.
La posibilidad de que el PRD concurra en una decisión de consenso depende de que en la contienda interna de ese partido logre predominar el grupo de izquierda progresista encabezada por Jesús Ortega, enfrascado en una lucha frontal contra el intransigente grupo con pretensiones de ""gobierno legítimo"" encabezado por López Obrador. De ahí que hace unos días el propio AMLO arremetiera con sorna y desprecio contra los ""moderados"", principales opositores de su candidato Alejandro Encinas, y este último los calificara de ""modositos"" (El Universal, 19/12/07, 8A).
Así, el país espera a que el PRD se arregle para contar con una autoridad electoral y hacer entrar en vigor las disposiciones legales que se desprenden de la reforma electoral. Una vez más, se evidencia que quien juega a la intransigencia y el chantaje, fundamentado en falsedades como la del supuesto fraude en 2006, puede ganar la partida, si es que no la ""guerra"" entera.
La diferencia fundamental entre las dos grandes fracciones del PRD consiste en que el grupo progresista y moderno insiste en dar la batalla por un programa económico-político de izquierda en el marco de las instituciones democráticas que se han construido a lo largo del proceso de cambio del sistema político. A esta izquierda no escapa el hecho de que lo que hay que reformar es mucho, pero lo hace sin ignorar que no es la única fuerza en el escenario, y que conseguir el triunfo supone el convencimiento de la sociedad a través de los resultados de su acción y mediante el recurso a las instituciones vigentes y, a la vez, a su reforma.
El pejismo, cuya fuerza es indudable aunque quizá inferior en número a la de la izquierda progresista, basa su programa en tres principales elementos: un líder carismático, providencialista, que cree ciegamente en el presidencialismo tal y como lo calificó Simón Bolívar cuando se instituyó: se trata, dijo, de ""reyes electos con el nombre de presidentes"". En segundo lugar, una cohorte de políticos profesionales que provienen, por un lado, de un sector del PRI, desprendido en sucesivas etapas y comprometido en su momento nada menos que con el salinismo y, por otra, de una izquierda radical que cree que las instituciones del Estado democrático son meramente la legitimación de la explotación capitalista. Tercero, un sector social que los sigue, profundamente agraviado por la desigualdad social y la pobreza, con un bajo nivel de educación cívica y una disposición para la lucha extralegal.
La mezcla de esta segunda fracción perredista le ha llevado a conclusiones apocalípticas. Cualquier otro grupo, partido o sector que no sea él mismo lleva al país por la senda del mal, representada por la globalización, la democracia liberal y el mercado. Resume en sí misma la quintaesencia del estatismo populista y providencial. En su decisión de intransigencia (""no estoy de acuerdo en circunstancias como ésta en la moderación"", Peje dixit), antepone su autoconvicción de ser el ""gobierno legítimo"" por sobre los hechos y, peor aún, por encima de las instituciones que ha costado a la sociedad décadas reformar y construir.
Si el cálculo político que ha pospuesto la decisión de instalar a los nuevos consejeros electorales es correcto, la fracción pejista perderá la contienda interna del PRD y continuará su desvanecimiento electoral. Podrá llegarse entonces a una decisión de consenso para nombrar a los consejeros. Si el cálculo es erróneo, en febrero se repetirá el escenario de la primera quincena de diciembre, poniendo de nuevo en la agenda la inminencia de un nombramiento de mayoría PAN-PRI.
Pero aún más importante es lo que está en el fondo de estos escarceos: la sobrevivencia de la izquierda partidaria. Como hemos insistido, los beneficiarios de su probable debacle serían los otros dos partidos del llamado G3. Cualquiera que sea el resultado de la contienda interna del PRD en marzo, es poco probable que ese partido se mantenga unido. Las diferencias entre ""modositos"" y ""legítimos"" no son de naturaleza secundaria, sino fundamentales. Por ejemplo, la conducción de las fracciones parlamentarias en ambas cámaras se ha guiado por un principio de institucionalidad que ha hecho a un lado las pretensiones de paralizar el acuerdo legislativo por parte de los simpatizantes de López Obrador, lo que ha generado una fricción constante dentro de ese grupo parlamentario.
De consumarse la degradación del principal partido de la izquierda, se abrirá la puerta a un bipartidismo que pondría fin a la expresión política del pluralismo de la sociedad nacional y a la profundización del sistema democrático para canalizar la insatisfacción social.
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Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
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