"Diez anos de inhabilitación para desempenar cargos públicos y una multa por 862 millones de pesos les costó a Raúl Munoz Leos y Juan Carlos Soriano, ex director y ex abogado general de Pemex, haber desviado fondos de la paraestatal al sindicato de la empresa. Es el castigo por su contribución al saqueo indiscriminado de uno de los organismos públicos más maltratados del país, que sufre ahora por ataques guerrilleros y desde hace tiempo por falta de inversión.
Tanto dinero corre por Petróleos Mexicanos y hay tantos huecos en esa tesorería, tantos espacios de opacidad y discreción, que muchos desde muchos lugares meten la mano a la caja negra. Munoz Leos, quien tiene cinco días para inconformarse por el laudo, salió del cargo después de que otro ex director, Rogelio Montemayor, también fue senalado por entregas indebidas de dinero al sindicato. De partidos distintos, pero de manas iguales.
En el caso al que aludimos, otros funcionarios fueron exonerados, como Octavio Aguilar Valenzuela. Son destacables ambos laudos -el que condena y el que exonera- porque deslindar responsabilidades, subrayar la importancia de los debidos procesos y alejarse de la cultura de la impunidad es un paso hacia el satisfacer a la ciudadanía, que al final es quien sufre el hurto.
En ese tránsito es menester no sólo indagar las conductas de los funcionarios públicos, sino transparentar la viciada relación con el sindicato de petroleros, basada en transferencias millonarias de los exiguos recursos nacionales de donde salen privilegios que ningún otro grupo de trabajadores mexicanos tiene. No se trata de vulnerar derechos laborales legítimamente conquistados, sino de impedir que amparados en éstos, las transferencias vayan a cuentas bancarias privadas, de funcionarios o de líderes.
Es bienvenido que las investigaciones echadas a andar por la Secretaría de la Función Pública hayan procedido con discreción, pero concluido con contundencia en su etapa judicial. Mejor tener una sentencia firme que una conferencia para el lucimiento personal llena de amenazas que se desvanecen en los juzgados.
Atacar la corrupción en el país es vital para el equilibrio administrativo y moral de la nación. Conjurar el saqueo de Pemex es un imperativo de vida o muerte para la paraestatal, que además de ser objeto de saqueo por vivales, es víctima de insuficiencia de recursos por el oneroso encaje fiscal que le impide tener recursos para financiarse, e incluso ser ahora blanco fácil de sabotajes.
Tanta sana contra una empresa de cuyo bienestar dependen muchos de los recursos usados para sufragar una importante parte del gasto público ya está mostrando sus resultados: caen sus reservas, está en parálisis de inversión y carece de certeza para su futuro. La propuesta de reforma fiscal del gobierno, que contemplaba un alivio relativo para Pemex, se tambalea ante los embates de quienes no quieren pagar impuestos o no como se les plantea en dicha reforma, hoy en discusión.
Es de celebrar el proceso deliberativo en el que está inserto el proyecto, pero sin descuidar que existe la urgencia y más la responsabilidad de cuidar a Pemex y hacerla, como su eslogan lo indica, ""una empresa de todos los mexicanos"". Hay que acabar con el dispendio de recursos de que la han hecho víctima. (El Universal).
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