Aunque la Ley 3 de 3 ayudó en impedir a que deudores alimentarios o violentadores se registraran como candidatos en las pasadas elecciones del 2 de junio, cierto es también que “es muy nueva, y está en proceso de consolidarse”; así lo señaló Lucía Lagunes, Directora de ‘Comunicación e Información de la Mujer A.C. (Cimac).
Lagunes indicó que en este proceso de consolidación hay ausencias de ciertas reglas que permitió que algunos violentadores, ya sean deudores alimentarios ó agresores de mujeres, e incluso agresores sexuales, pudieron registrarse como candidatos a un puesto o sean funcionarios.
En mayo de este año el Senado de la República elevó a rango constitucional la Ley 3 de 3, la cual prohíbe ocupar cargos de representación popular, ni ser funcionarios públicos a quienes hayan sido sentenciados por violencia familiar, delitos sexuales y a los morosos en el pago de pensiones alimentarias.
“La ley lo que nos permite es colocar en el escenario público la discusión de quiénes tendrían esta calidad de ser personas candidatas, y si realmente queremos que alguno de estos personajes que son violentadores en sus hogares, que no cumplen con el deber de la manutención de sus hijas e hijos, aún después del divorcio, que incluso agreden sexualmente a las mujeres, serían personas que deban estar en cargos de representación popular”, sostuvo.
Asimismo, señaló que, aunque la aprobación de la Ley 3 de 3 fue aplaudida por diversos colectivos feministas aún no se ha socializado, en especial entre las mujeres víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género (VPCMRG), pues no acuden a las instancias correspondientes.
La directora de Cimac recalcó que no solo es saber que existe sino también saber cuál es el proceso a seguir en caso de interponer una denuncia, “que las víctimas sepan cómo proceder”; dijo.
Finalmente, destacó que la sociedad tiene un papel bien importante y que se debe cuestionar, estemos o no en un proceso electoral es “¿si realmente queremos que esas personas, que están viviendo estén viviendo de nuestros impuestos esté en una función pública?, es la pregunta que debe hacerse también a la ciudadanía”.