A modificación que los diputados hicieron a las leyes de telecomunicaciones y de radio y televisión el 1 de diciembre pasado, que concede a los grandes corporativos de los medios privilegios excepcionales, podría corregirse con un proyecto alternativo en preparación por senadores de todos los partidos.
La enmienda sorpresiva aprobada por los diputados permite a los dos mayores consorcios de medios electrónicos -que en conjunto tienen casi medio millar de concesiones- sumar automáticamente las frecuencias liberadas por la transición del sistema analógico al digital, con posibilidades de crecimiento ventajoso en el renglón de servicios de telefonía, internet, transmisión de datos y más, ofrecidos en las mismas bandas de radio, sin concurso ni licitación. También pone en subasta las nuevas concesiones y abandona a su suerte a las emisoras comunitarias, permisionarias, educativas, culturales y de gran servicio social.
Este sería un paso trascendente hacia la concentración del ya jugosísimo negocio y en contra de una sana apertura que propiciará la participación de más comunicadores en condiciones de competencia, que siempre resultan beneficiosos para los consumidores en términos de calidad y precios. La ley debe garantizar la equidad, no excluirla.
Un temor latente, sin embargo, es que a pesar de las ruidosas manifestaciones de desconfianza y sospecha por las reformas a las leyes, el Senado opte por ratificarlas también sorpresiva y rápidamente en su próximo periodo de sesiones que comienza el mes próximo, pues es considerable el peso de las presiones ejercidas por los barones de la radio y la televisión, particularmente en un ano electoral.
A diferencia de la reforma de los diputados, el proyecto alternativo debe poner el énfasis también en la utilización de los medios electrónicos como instrumentos de difusión educativa y cultural, ya no sólo como medios para programas de entretenimiento e información, también previstos en la ley.
Los medios del Estado se encuentran en grave riesgo de extinción ante el muy costoso tránsito hacia los sistemas digitales, pues pese a la nobleza de su tarea, eminentemente cultural y educativa, no tienen permitido comercializar sus emisiones, lo que los limita para allegarse recursos y disponer de una mejor plataforma financiera para cumplir mejor los propósitos que les han sido encomendados.
Algunas propuestas de especialistas sugieren que la salida para los medios públicos es declararlos medios del Estado, no del gobierno; autorizarlos a abrir sus propias fuentes de financiamiento sin comprometer sus metas de índole social e incorporar a representantes de la sociedad civil en sus consejos de administración y editoriales, así como en sus órganos de gobierno.
También está en revisión el porcentaje de productores independientes que pueden participar en los medios, así como la certidumbre de que sean verdaderamente ajenos a la empresa y no parte de ella.
La programación dominante desde hace anos en los medios electrónicos ha sido de bajo nivel cultural, cuando no de mal gusto, lo cual ya arroja un saldo negativo para el país, y es hora de pensar nuevas estrategias siempre en función de los más altos valores sociales.
En suma, el Senado de la República tiene en sus manos la oportunidad de hacer un aporte legislativo de altura en materia de telecomunicaciones, radio y televisión, que puede repercutir positivamente y de modo muy trascendente en la vida social, política, cultural, educativa y económica del país entero. Eso esperamos todos.
La moderna e impresionante red de comunicaciones que poseemos hoy realmente debe aprovecharse para vincular e integrar a la nación. Su reglamentación debe ser tomada muy en serio, no dejada a la sola opinión de quienes sobre todo cuidan la prosperidad de sus negocios, sin saber que mejores leyes les permitirán también gratificaciones intangibles. (El Universal).
