“El principal cambio que tuvo la reforma antilavado de dinero no fue ampliar las obligaciones, sino el capítulo de delitos, antes establecía el dolo, pero ahora dice que un delito es la alteración o modificación de la información, lo que incluye los errores humanos como delitos”, comentó Jeaneth Ayala, contadora pública y licenciada en Derecho.
Por eso consideró que la captura manual es la enemiga del cumplimiento para las empresas, por ejemplo, “al escribir un nombre que según el empleado se escribe de cierta forma y resulta que no, pero la operación ya fue hecha, eso es un riesgo”, dijo.
Las empresas que entran dentro de las actividades vulnerables deben preguntarse si sus operaciones se pueden monitorear, si genera alertas, si se puede probar el cumplimiento por los siguientes 10 años, ya que es el plazo en que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pueden requerir información al respecto.
Tecnología
No hay correos electrónicos, carpetas hechas en la nube virtual, políticas internas débiles que aguanten 10 años, porque el personal no es “eterno” en una empresa, por lo que esta debe contar con un sistema o software tan completo que guíe y que no dependa de las personas.
Cuando una empresa tiene muchas operaciones, como venta de vehículos, con varios usuarios, con dos o más sucursales en la misma entidad o diferentes, también en el desarrollo de bienes inmuebles en una o más ciudades y estados, todo se vuelve más complejo. En esos casos hay una alta posibilidad de que se tengan errores por trabajos manuales.
Reforma
En julio de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la última reforma en materia de prevención de lavado de dinero en México, tanto a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el Código Penal Federal.
