"øPor qué las políticas de mercado han tenido tan bajo rendimiento en México en términos de crecimiento económico y niveles de vidaú Porque entre otras cosas, no se ha permitido la competencia económica. Esa es la esencia de la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) que envió el Presidente a la Cámara de Diputados. Se enfoca en tres ejes: facilitar el cumplimiento de la legislación de competencia por parte de los actores económicos y las autoridades competentes; mejorar la eficacia, eficiencia y transparencia en las operaciones de la Comisión Federal de Competencia (CFC), y fortalecer la política de competencia para investigar y sancionar prácticas anticompetitivas, monopolísticas u oligopolísticas.
Para poner en contexto esta discusión hay que preguntarnos por qué hace casi ya tres décadas esto ni siquiera era tema de debate nacional. Hasta antes de iniciar con la transformación estructural del Estado propietario en un Estado promotor del desarrollo que se inició en la administración del presidente De la Madrid y continuó el presidente Salinas, el gobierno era el gran administrador de industrias en manos del Estado, además de intervenir directamente en la economía a través de subsidios y controles de precios de una gran cantidad de productos y servicios. También se tenía una economía cerrada que regulaba los flujos de comercio exterior con permisos y cuotas.
Pero, cuando todo este sistema económico se desmanteló a partir de la apertura de la economía; la firma del tratado de libre comercio de América del Norte; la privatización de empresas en telefonía, bancos, alimentos, hoteles, siderurgia, aerolíneas, por sólo citar algunos casos; pareciera que se pensó que las fuerzas del mercado solas generarían un círculo virtuoso de crecimiento, empleo y mejores bienes y servicios para los usuarios.
A toro pasado vimos que esto no fue así. Algo faltó y aún falta en el diseño institucional. Ese algo es precisamente lo que se busca corregir con las reformas a la LFCE, orientadas a que la CFC disponga de los instrumentos para disuadir a los actores económicos de incurrir en prácticas contrarias a la competencia. De aprobarse esta reforma, tendremos más elementos para cuestionar a la CFC si no logra que los consumidores mexicanos paguen menos y reciban más calidad, al permitir que nuevas empresas entren a esos mercados con inversión para crear empleos y aumentar la producción de bienes y servicios.
A pesar de que hemos tenido una CFC muy activa en los medios de comunicación, los consumidores seguimos a expensas de monopolios y oligopolios que nos fijan sus condiciones y expolian nuestros bolsillos. Lo hacen, y esto hay que decirlo con toda claridad, porque por un lado la CFC no ha dispuesto de los instrumentos para que disuada conductas contrarias a la competencia, y por el otro, estas empresas se han convertido en poderes fácticos con la capacidad de ""capturar"" a autoridades gubernamentales y a los legisladores tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado para imponer sus condiciones por encima del interés público que supuestamente deben servir.
De aprobarse esta reforma, el Estado habrá dado un gran paso para que el interés público prevalezca sobre privilegios que sólo han generado mayor concentración del ingreso y la riqueza. La CFC es el gran contrapeso que requiere la política de mercado, y en particular para introducir competencia en actividades como la de telecomunicaciones, sistema financiero, electricidad, distribución de gas y combustibles automotrices. La privatización en México se ha hecho de una pésima reputación, porque en nombre del mercado, sin la regulación adecuada para promover la competencia, se dieron avances con respecto al Estado propietario, mas no lo que otros países han logrado por asegurar condiciones de competencia. Esos países, como EU, Australia, Chile, Brasil, y los de la Unión Europea, han impuesto sanciones duras, que causan ejemplaridad, lo que no hemos tenido aquí. En esos países lo han hecho porque se ha dotado al árbitro de la competencia de los medios para verificar y comprobar ante el Poder Judicial que quienes conspiran contra el consumidor lo pagan caro.
Esta iniciativa de reforma nos permitirá medir de qué están hechos nuestros legisladores. Diente que quiten de esta propuesta, será muestra de que responden a amos privados y no al bienestar generalizado de la gente que los sostiene con sus impuestos. Aunque usted no lo crea, de darse esta reforma hasta mejorará la política.
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