Emilio Álvarez Icaza, secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, reiteró su postura en contra de la aprobación de la Ley de Amnistía por considerar que “es una mala ley porque se ajusta a los caprichos presidenciales”.
El senador expuso que ante la emergencia sanitaria que se vive por el Covid-19, lo que menos interesa por ahora es dicha ley, misma que se quiere presentar como un gesto heroico y humanitario, “pero no es lo uno ni lo otro, no solamente porque es una mal llamada amnistía para los fines de una justicia transicional y de un proceso de reflexión política, sino porque tampoco va a ayudar a disminuir significativamente la población penitenciaria”.
En entrevista telefónica, el legislador expuso que “de por sí el sistema penitenciario es muy corrupto y deteriorado, sin embargo, ya se podría tomar medidas que la ley ya establece en materia de preliberaciones o de indultos sin la necesidad de una reforma legislativa; de hecho ya hay gobiernos estatales que lo están haciendo”, enfatizó
“Ya se podrían estar tomando una serie de medidas que incluso la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas ha dictado para atender a la población penitenciaria”, externó.
Explicó que las modificaciones acortan mucho el alcance, incluso al tratarse solo del orden federal, y bien, el presidente podría hacer uso de capital democrático para concertar con los gobernadores una acción en esta dirección.
“Por supuesto, se tiene que trabajar una Ley de Amnistía en mejora de la justica transicional en México, pero también se tendría que hacer para aminorar el impacto del coronavirus que es lo que actualmente importa”, expresó.
Comentó que la amnistía que han exigido es para atender los temas de orden político. Incluso indicó que si se revisa, se encontrará que se han utilizado delitos del orden común como los secuestros y homicidios para criminalizar la protesta y, Chiapas, es un ejemplo de ello.
“Muchos líderes indígenas y campesinos sociales son acusados para meterlos a la cárcel, así como el caso de maestros de Telebachillerato que han protestado”, dijo.
“Con la concepción hecha por la ley, todas esas personas no pueden ser incluidas. Primero hay que entender la dimensión política de una ‘ley de amnistía’ y esta propuesta no cubre eso. Segundo, tiene que incluir dimensiones de orden federal y local para poder resolver los conflictos políticos que se han criminalizado, pero esta propuesta no alcanza. Tendríamos que estar haciendo un ejercicio más profundo de justicia transicional que bien se necesita”, concluyó.
