En junio de este año se vence el plazo legal para que todas las entidades federativas homologuen sus legislaciones en materia de archivos.
En la entidad, los 315 sujetos obligados tendrán que cumplir con este nuevo cambio de paradigma, que exige entregar toda información institucional.
A nivel nacional la Ley General de Archivos ya entró en vigor a través del Archivo General de la Nación el pasado 15 de junio de 2018.
El Instituto de Acceso a la Información Pública de Chiapas (IAIP) coordina junto con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Archivo General de la Nación (AGN), la organización y armonización de las más de 500 unidades de transparencia en materia de archivos.
La comisionada presidenta del IAIP, Ana Elisa López Coello, explicó que esta legislación busca regular todos los archivos que no están ordenados.
La finalidad es organizar, conservar y administrar los archivos de los sujetos obligados señalados, que son todos los que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad de la Federación, las entidades y los municipios.
“Viene en la ley cómo se debe clasificar y ser tratados los documentos, y lo más importante, cómo rescatar una información que muchas veces no se puede dar a la ciudadanía porque no está ordenado o porque la administración pasada no la entregó”, indicó.
Esta ley estipulará cuáles son las obligaciones con las que se tienen que cumplir, como es organizar y conservar los archivos, y aquellos que no lo hagan serán acreedores a una sanción administrativa.
Actualmente están coordinando los trabajos para cumplir con esta legislación, gestionando que se instalen los sistemas institucionales de archivos en todas las instituciones, así como el Programa Anual de Desarrollo Archivístico.
Lo más importante por ahora es tener los convenios con las instituciones clave para realizar un trabajo coordinado, correcto y sobre todo más ágil, para poder sacar el tema en todos los aspectos, tal es el caso del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica (Icatech).
Es sujeto obligado cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos.
López Coello, reiteró que en los estados los organismos garantes siguen trabajando, con base a los estatutos del Sistema Nacional de Transparencia para actualizar sus legislaciones.
