Con la recién aprobada reforma a la ley de extinción de dominio las personas que dan en arrendamiento un inmueble podrían perder su propiedad, si no investigan a la persona o empresa que lo renta, si no hacen un contrato de arrendamiento y si no conoce a fondo su actividad y esta recae en un delito federal.
La presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) sección Tuxtla Gutiérrez, Marisol Ceballos Labastida, explicó que en lo general por medio de esta ley la autoridad tiene la facultad de incautar los bienes de una persona, por presuntamente haberse cometido un delito.
Ya sea un local, terreno, casa habitación o bodega, el Estado solamente con la sospecha del delito puede incautar la propiedad y convertir al propietario en sospechoso de complicidad.
Esto ha causado temor en muchas personas, porque las autoridades pueden argumentar que se cometió un acto delictivo aunque no sea cierto, obligando a la persona a comprobar su inocencia pagando un abogado y un juicio.
Lo más preocupante es que violenta la presunción de inocencia porque si el Estado incauta el inmueble, lo puede vender antes de que un juez emita una sentencia condenatoria o absolutoria; además de que no tiene la obligación de reparar el daño si el propietario resulta inocente.
La recomendación es acudir a un profesional inmobiliario certificado, para que elabore un contrato con cláusulas de protección sobre la ley de extinción de dominio, y lo principal, hacer una investigación a la persona o empresa que va rentar.
Se encargará de investigar si tiene antecedentes penales, si la actividad a la que se dedica es real, si tiene capacidad de pago, referencias comprobables y otros aspectos, dandole las mayores garantías al arrendador.
Al hacerlo mediante trato de directo no se tendrá la certeza sobre la autenticidad de los datos y documentos presentados por el arrendatario. Un profesional inmobiliario tiene la experiencia para realizar la investigación, con apego a las leyes. Si el arrendatario realiza una actividad licita no tendrá porque dudar al entregar sus datos.
Además se asegurará de estipular en el contrato que la información proporcionada no será manejada con otros fines, para proteger la privacidad del arrendatario.
Dijo que en Chiapas existe poca cultura de acudir a un profesional para el arrendamiento de inmuebles, únicamente en la capital se da con más frecuencia, fuera de eso se siguen haciendo tratos de manera directa.
Mencionó que hace aproximadamente tres años se registró un caso de extinción de dominio en Tuxtla Gutiérrez, en el Mercado Público Gustavo Díaz Ordaz, donde se rentaron locales para un ciber y descubrieron que sería usado para prostitución.
La presidenta de la AMPI Tuxtla, dio a conocer que se suman al rechazo de esta reforma a la ley al igual que otros sectores empresariales. En los próximos días enviarán un oficio manifestando su postura al Consejo Nacional de la asociación, al igual que todas las secciones del país, para posteriormente emitir un pronunciamiento nacional.