Chiapas dio un paso más en la garantía de los derechos reproductivos al aprobar este miércoles la Ley de Interrupción Legal del Embarazo en Niñas y Adolescentes, una normativa específica para víctimas de violencia sexual que no establece límites de tiempo gestacional para su acceso, expuso Alejandra Muñoz, representante de la Red por la Justicia Reproductiva en Chiapas y de la Red Aborta Libre.
Quien calificó la medida como un “avance significativo”, pero advirtió que las resistencias sociales y familiares pueden dificultar su aplicación efectiva.
En entrevista, Muñoz recordó que la despenalización del aborto hasta la semana 12.6, lograda en noviembre del año pasado, es un derecho general. En cambio, esta nueva ley es específica: “La ley de interrupción para niñas y adolescentes es para casos de violencia sexual y el Estado debe brindar y asegurarse de que se esté proporcionando la atención, tanto de la interrupción como la atención psicológica y la investigación correspondiente”, explicó.
Uno de los puntos clave, según la activista, es que la ley refuerza la obligación del sistema de salud de garantizar el procedimiento, aún cuando exista objeción de conciencia por parte del personal médico.
Normativa
Además, Muñoz destacó que la normativa establece “el candado” de que la atención se brinde “en un plazo menor de cinco días”, lo que agiliza el proceso para las víctimas.
No obstante, señaló un obstáculo fundamental: la oposición familiar. “Muchas veces son las propias familias quienes esconden a las niñas para que no sean atendidas por el servicio médico y entonces no se les pueda brindar la interrupción del embarazo. Las obligan a parir, las esconden a veces del propio personal médico”.
Frente a este problema social, Muñoz consideró necesaria una respuesta interinstitucional. Propuso, por ejemplo, que la Secretaría de Educación vigile casos de niñas que dejan de asistir a la escuela para indagar las causas.
Respecto al perfil de las afectadas, la defensora reveló que se han registrado casos de niñas de 10 y 11 años, y desmintió que se trate de una problemática exclusiva de comunidades indígenas. “En Tuxtla, por ejemplo, hay un alto índice de embarazos infantiles y adolescentes, también en ciudades como Tapachula, San Cristóbal. No solamente es en zonas rurales, también es en zonas urbanas”.
