Abusos en derechos humanos, justificación de prácticas abusivas y falta de un control político, son algunas de las consecuencias negativas que dejaría para el país, si los legisladores en el Congreso de la Unión no modifican la Ley de Seguridad Interior, consideró el presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México, Edgardo Buscaglia.
Durante su visita al estado, dijo que esta Ley se trata de un documento que no tiene controles judiciales adecuados, ni de operativos militares, por lo que la ciudadanía debe oponerse a la implementación.
No obstante, puntualizó que cualquier gobernador y persona de “a pie” en este país, debería estar oponiéndose a esta decisión, pero con un propuesta alternativa, con una iniciativa ciudadana de seguridad.
Para el investigador, si la sociedad civil se manifiesta sin una alternativa a la Ley de Seguridad Interior, la manifestación será “inútil, es una protesta impotente”.
Recomendó a la sociedad civil a unirse para proteger los derechos de los hijos e hijas, pero también para presentar una propuesta distinta a la que han ofrecido las autoridades.
Buscaglia lamentó que exista un vacío ciudadano -no en el sentido defensivo porque ahí se han mostrado mejorías-, sino para diseñar una estrategia ofensiva cuando surjan decisiones que afecten al país o a cualquier estado.
Respecto a lo que pudiera ocurrir en el 2018, mencionó, actualmente los gobiernos tienen miedo de los movimientos sociales que se han presentado; por ello, están generando instrumentos para detener estas protestas, bajo el pretexto de que no son pacíficas.
Finalmente, criticó que la impunidad siga vigente para los servidores públicos de primer nivel, porque un ciudadano común y corriente comete algún delito, tendrá que pagar las consecuencias.
