La Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó recientemente el dictamen sobre la llamada Ley Ingrid, que busca castigar a quien difunda imágenes de víctimas de agresiones, particularmente mujeres, imponiendo castigos de hasta 10 años de prisión.
De acuerdo a la información emitida, la iniciativa plantea que se castigue a servidores públicos que difundan, entreguen, transmitan, distribuyan, fotografíen, filmen, comercialicen, intercambien cualquier material o elemento sobre cadáveres de niñas, niños, adolescentes o mujeres que obren en una carpeta de investigación.
A quien resulte culpable de este ilícito, sugiere el proyecto, se le impondrá una pena de seis a 10 años de prisión y una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización.
De acuerdo a la abogada Marisela Aguilar Gerardo, de ser aprobada, el Congreso de Chiapas y los del resto del país tendrían que hacer forzosamente las modificaciones correspondientes a sus códigos penales.
Si bien no es una obligación para los Congresos hacer las modificaciones, los legisladores tienen esa responsabilidad de ajustar las leyes ante el panorama de violencia que viven las mujeres.
Apegado a ello, en el Congreso de Chiapas, la diputada Floralma Gómez Santiz presentó el 25 de noviembre pasado una iniciativa para que se reforme el Código Penal de Chiapas en materia de Delitos Cometidos por Servidores Públicos durante la Ejecución de la Pena.
El proyecto plantea que se busca tipificar y sancionar la difusión de información o material audiovisual de delitos relacionados con violencia de género, así como evitar la revictimización por parte de las autoridades o personas que deban impartir justicia.
Tiene como objetivo salvaguardar los derechos humanos de la víctima, así como evitar la victimización secundaria por parte del Estado, al impedir que los servidores públicos filtren imágenes o información con el fin de dañar a la víctima y al debido proceso.
La abogada enfatizó que tanto la Ley Ingrid como la Ley Olimpia lamentablemente surgen a partir de hechos violentos en contra de mujeres. No es que se hagan leyes especiales, sino que se trata de grupos más vulnerables, víctimas de altos índices de violencia.
Reiteró que el sistema legal debe adaptarse a los entornos sociales de manera constante; a la par, los elementos de seguridad, los impartidores de justicia y funcionarios públicos deben capacitarse para poder aplicar esas modificaciones de manera efectiva.
