Daniela tenía 14 años cuando se enteró de que una foto de ella era parte de una carpeta donde exhibían a niñas y adolescentes de Chiapas en situaciones sexuales; el precio del “pack” que compraban hombres de todas las edades era de 200 pesos, sin embargo, su intimidad también circulaba libremente en redes sociales, donde -incluso- fue objeto de extorsión.
“Le envié la foto a un niño que me gustaba, pero él la compartió con chavos de mi localidad, primero en la escuela y luego a otros grupos, hasta que llegó a todas partes”, recuerda hoy que ya es mayor de edad, y cuando el Senado de la República y la mayoría de los congresos locales aprobaron la Ley Olimpia, que castiga la violencia digital.
Ella es sólo un caso más de las miles de mujeres en México que han sido víctimas de la difusión de contenido sexual sin su consentimiento, a través de medios electrónicos, delito que no estaba reconocido en nuestra legislación antes de 2019, año en que la lucha de su impulsora, Olimpia Coral Melo, empezó a tener eco en diferentes entidades del país.
Antecedentes
La Ley Olimpia nació luego de que se publicara un video íntimo de la activista y feminista Olimpia Coral, en 2014 por su expareja. Al sentirse humillada se deprimió y pensó en quitarse la vida -contó a medios de comunicación-, pero al darse cuenta de que no era la única, y respaldada por mujeres de toda la república, diseñó y promovió la iniciativa.
“Pasé de ser la gordibuena de un video sexual que criticaba todo el pueblo, a que aprobaran una ley con mi nombre”, es una de las frases más populares de Coral Melo, quien logró que en 2018 el proyecto fuese aprobado en Puebla, donde fue víctima de la agresión; y después en 24 estados más.
Cada entidad realizó adecuaciones propias a su marco jurídico, pero en general cumplen con el objetivo de tipificar la violencia digital contra las mujeres en los medios electrónicos, que se ejerce a través del acoso, el hostigamiento, las amenazas, los insultos y la vulneración de información privada.
También logra sancionar la difusión de contenido sexual sin consentimiento, como textos, fotografías, videos o datos personales a través de internet, redes sociales, correo, aplicaciones o cualquier otro espacio virtual.
El lucro
La necesidad de esta legislación recae en las miles de mujeres que no sólo ven vulnerada su libertad sexual, sino que son “mercancía” en un mercado negro difícil de regular: existen miles de sitios por internet que hacen uso de aplicaciones como Twitter, Instagram, WhatsApp y Facebook para comercializar el contenido obtenido sin permiso.
“Las fotos de las niñas las tienen organizadas en orden alfabético, por nombres y municipios de Chiapas; tenían de Comitán, de Tuxtla y Tapachula, de varias ciudades; y al investigar supe que enviaban el enlace por ‘inbox’, y hombres jóvenes y adultos las compraban”, recuerda Daniela, a quien también intentaron extorsionarla.
Una persona creó una cuenta falsa en Instagram y la amenazó con enviar la foto donde aparecía desnuda a todos sus familiares, si no le mandaba una nueva imagen al mismo tipo, pero no accedió.
“Decidí no hacerlo porque abriría un círculo que nunca iba a poder cerrar. Decidí hablar, hacerlo público, con el apoyo de grupos feministas que me ayudaron a reportar las publicaciones y el perfil falso; y aunque mi foto sigue ahí, hoy ya no tengo miedo”.
El escarnio
No hay un número exacto de víctimas de acoso digital. Una búsqueda rápida en los sitios de internet sugiere que podrían ser miles; pero las mujeres que lo han sufrido no son sólo una estadística, son personas a quienes les cambió la vida de un día para otro.
Rocío tenía 18 años cuando videos e imágenes donde aparece teniendo relaciones sexuales, con su entonces novio, circularon en su pueblo, donde la gente empezó a criticarla y a burlarse de ella, con consecuencias tan graves que un hombre la reconoció e intentó violarla.
El país estaba lejos de legislar en la materia. Dice Roció que le hubiera gustado que en ese tiempo existiera la Ley Olimpia para haber evitado el viacrucis que sufrió en las instituciones de procuración e impartición de justicia, donde dieron “carpetazo” a su denuncia, porque este tipo de violencia no estaba reconocida en la legislación chiapaneca.
“Fui al Ministerio Público y me tiraron a loca, que era mi culpa: me criminalizaron y me dijeron que no iba a proceder porque no me estaban violando. Fui a la Fiscalía de la Mujer, pero tampoco procedió, sólo intentaban bajar el contenido de Twitter, pero lo volvían a subir, era un círculo vicioso”.
A Daniela también le afectó a nivel personal: además de ser blanco de críticas, la castigaron, le restringieron las salidas y había hombres adultos que la veían con morbo y le hacían propuestas indecorosas; la situación fue tan difícil para ella que la hospitalizaron varias veces.
Pero en ambos casos -tanto el de Daniela como el de Rocío-, los agresores siguieron con su vida como si nada. No dejaron de ir a la escuela, nadie los sancionó, ni ofrecieron una disculpa por los daños que ocasionaron, mientras que las fotos que compartieron con sus amigos aún circulan en la red.
Las dos hoy celebran que en marzo de 2019 en Chiapas se haya aprobado una reforma al Código Penal local para castigar con penas de tres a cinco años de prisión, y 100 a 200 días de multa a quienes cometan estas agresiones; con la posibilidad de elevar la sanción: hasta seis años de cárcel, para quienes hayan mantenido una relación sentimental con la víctima.
“Me da gusto: aunque lo mío no haya procedido, que hoy otras niñas y jóvenes sí encuentren formas de obtener justicia”, expresa Daniela, segura de que las mujeres pueden vivir su sexualidad de manera libre, “como les plazca”, sin que nadie tenga derecho a vulnerarlas por ello. Con Ley Olimpia -agrega Rocío-, “ahora sabemos que es un delito y que no estamos solas”.
