"El presidente Felipe Calderón firmó en esta semana el decreto de la Ley de Asociaciones Público y Privadas, el cual fue publicado el lunes pasado en el Diario Oficial de Federación. Durante la etapa de análisis, dicha iniciativa atrajo posicionamientos encontrados que se dieron a conocer en el canal televisivo del propio Congreso. Uno de los argumentos en contra es precisamente el espíritu de la disposición que permite no sólo inversiones conjuntas entre particulares y el Gobierno Federal, sino que la sociedad a través de inversionistas privados impulsen proyectos que absorberían fondos mixtos.
En momentos en que el mundo financiero a nivel global baja sus calificaciones por falta de suficientes garantías, el hecho de que en el país se impulse la inversión es de beneficio. Que no haya corrupción en el nuevo esquema para no dar motivo a quienes lo criticaron, es lo mínimo que se espera.
De acuerdo con su principal impulsor, el primer mandatario, el plan será ""clave"" para el desarrollo de México y para enfrentar la crisis económica internacional.
Libera una restricción según la cual no puede haber proyecto de infraestructura que no se lo plantee el gobierno.
Además, se establece la obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de transparentar en una base de datos digital y pública, la lista de los proyectos que se desarrollen bajo un esquema mixto, los montos erogados y pendientes de erogar, el proyecto ejecutivo, así como el avance de la obra.
Por su lado, el PRD en el Senado manifestó su inconformidad por la promulgación de dicha Ley, ya que ""permitirá que diversos proyectos de la iniciativa privada puedan disponer de recursos públicos"". Además, ""podría ocasionar problemas de corrupción, retención de recursos a estados y municipios, falta de transparencia y expropiación d;e propiedades"".
Les guste o no a los estados y municipios, el presupuesto de egresos federal en materia de infraestructura estará destinado a los proyectos de asociaciones público-privadas, dijo y advirtió que se ha diseñado un mecanismo de expropiaciones muy rápido que afectaría a ejidatarios, comunidades y pequeños propietarios, quienes estarán en riesgo de perder sus propiedades cuando un proyecto así lo requiera.
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