De acuerdo con la Coordinación de los Diputados del Partido Revolucionario Institucional, la ley contable que se analizará ahora en esta Cámara permitirá avanzar en la democracia fiscalizada. La Ley General de Contabilidad Gubernamental, que ya ha sido avalada por el Senado y va a la Cámara de Diputados, plantea transparencia y rendición de cuentas de administraciones municipales y gobiernos estatales, ante la necesidad de alcanzar una armonización contable de los tres órdenes de gobierno.
Se dice además que permitirá que la Federación, estados y municipios proporcionen información oportuna que ayude a los servidores públicos a una mejor toma de decisiones sobre las finanzas públicas.
En días pasados, el pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de esa reforma con 104 votos en favor, tres en contra -PT y dos PRD- y 3 abstenciones.
Se dice que esta iniciativa beneficia a los ciudadanos que están interesados en que sus impuestos se manejen con transparencia y eficiencia.
De esta iniciativa, quienes la votaron en contra, dicen que no es una panacea ante un problema de mayor calado como el de la corrupción, aunque han aclarado estar a favor de la transparencia, de la armonización contable y del acceso a la información.
Quienes la votaron a favor dicen que la mayor corrupción se encuentra en los estados y municipios, y con esta reforma se acotará.
Además, la Ley General de Contabilidad Gubernamental pone mayor precisión en penas que se implementarían en caso de que no se cumpla lo estipulado. A las sanciones a servidores públicos que no acaten las disposiciones de la ley reformada, se añaden otras por omitir registros de la contabilidad, alterar o falsificar documentos. Esto obligaría a un mayor profesionalismo de los encargados de las cuentas públicas.
Entre las nuevas disposiciones destaca la que propone que estados y municipios entreguen reportes periódicos a la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal.
Se habla también de pena corporal.
En materia de sanciones, se dice que las responsabilidades se van a fincar a los entes públicos que directamente incurran en omisión. Además, se prevé aplicar un tipo penal más severo, aunque sin menoscabo de la llevada y traída soberanía de los estados, debido a que hoy la ley no castiga el mal ejercicio del gasto, sólo sanciona la opacidad de las obligaciones contables.
