La población Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ+), exhortaron a los integrantes de la 67 legislatura en Chiapas a darle trámite a la iniciativa de Ley de Identidad de Género, la cual fue propuesta en mayo de este año por la diputada Aida Guadalupe Jiménez Sesma.
Josué Moisés Borbolla, activista independiente sobre la diversidad sexual en el estado, mencionó que, pese a que en el 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que en la entidad el matrimonio igualitario ya se podía realizar sin la necesidad de un amparo, falta que en el Congreso Local se armonicen las leyes en favor de la igualdad y la no discriminación, como ya ocurrió en 19 estados de la república.
En Chiapas, de ese día hasta la fecha, han quedado establecidos en la Dirección del Registro Civil 64 matrimonios homoparentales; de ellos, 20 son de parejas homosexuales y 40 de lesbianas.
El activista pidió un diálogo con los diputados para que puedan “legislar y armonizar leyes necesarias, pendientes y hacer suya la demanda de un sector de la sociedad chiapaneca, que habíamos sido, por mucho tiempo, víctimas de violaciones de derechos humanos”.
Avance
Borbolla reconoció que, pese a la exigencia legislativa que tienen, existen avances considerables en el gobierno local para atender a esta población; dentro de ellas, dijo, el Observatorio Ciudadano de Violencia contra la población LGBTTTIQ+, así como un Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia, cuando se involucren temas de orientación sexual o identidad de género.
Dentro de las peticiones de este sector hacia la 67 Legislatura, es que se tipifique como delitos graves la lesbofobia, homofobia, transfobia y bifobia, la idea es castigar a las personas que, con dichas conductas antisociales, atenten con la vida de compañeros y compañeras.
“En la cuarta transformación de la vida política de México, todas y todos tenemos que participar, desde las trincheras posibles para mejorar el tejido social y hacer de nuestro país un México que anhelamos, con respeto a nuestros semejantes y con inclusión, basados en Derechos Humanos”, complementó.
Posturas
Tevea Dilery, otra de las activistas en Tuxtla Gutiérrez, comentó que en Chiapas las trans existen y forman parte de la vida cotidiana, sin embargo, se trata de personas que están cansadas de que sean utilizadas solamente como un “discurso temporal” en las que se tienen que hacer discursos obligados por parte de los representantes gubernamentales.
Dijo que lo único que quieren es que exista un reconocimiento a la identidad de género; al citar al Instituto Nacional Electoral (INE), mencionó que son seis mil 222 personas trans los que tuvieron la oportunidad de votar en el 2018, sin embargo, este número 210 están en Chiapas. “Es una población trans significativa a nivel nacional”.
“Las personas trans somos una población invisibilizada, violentada y asesinada constantemente, vivimos sin nombre, sin identidad, somos indocumentadas en nuestro propio país, en nuestro propio estado”, lamentó.
No atender las exigencias de este sector, consideró, los pone en una situación de riesgo y también múltiple vulnerabilidad; lamentablemente, se tienen documentados los asesinatos de Itzel García Morales, Sam Verdugo Iraeta, Alison Pérez Gutiérrez, Nataly Briyith Sánchez y Aylín Hernández Gómez, pero a ninguna se les reconoció su identidad y tampoco se aplicó justicia.
“La falta de reconocimiento de nuestro derecho humano nos está excluyendo a condiciones de rezago económico, violencia, vulnerabilidad, falta de oportunidades laborales y educativas”, finalizó.