La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo y de su Delegación en Chiapas, informó sobre la situación jurídica que guardan los 18 maestros que fueron detenidos con motivo de las manifestaciones magisteriales realizadas en Chiapas el pasado 15 de abril, en el lugar conocido como La Pochota; donde un grupo de aproximadamente 300 docentes integrantes de la CNTE, bloquearon la carretera y se enfrentaron contra elementos de la Policía federal, la cual detuvo a 22 personas, mismas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público, quien inició la investigación respectiva, dejando en libertad a cuatro de ellos en virtud de no tener relación con los hechos denunciados, sin embargo, las 18 personas restantes fueron trasladadas al Cefereso de Nayarit y presentadas para control de detención ante la juez Primera de Distrito, Especializada en el Sistema Acusatorio.
El Órgano Judicial fijó la audiencia inicial dentro de la causa penal 8/2016, decretando la legal detención el día 15 de los corrientes y determinando la vinculación a proceso por el delito de terrorismo, daño en propiedad ajena, lesiones y ataques a las vías generales de comunicación, en virtud de lo cual fijó diversas medidas cautelares.
Entre las cuales, destacan, garantía económica que osciló entre 8 mil 400 y 30 mil pesos resultando un total de 320 mil 400 pesos entre los 18 imputados, otorgando cinco días para ser exhibida. En caso de incumplimiento, el juez, a petición del Ministerio Público, librará orden de aprehensión en su contra.
Así pues, la juez federal fijó 2 meses para el plazo de cierre de la investigación complementaria y ordenó que un juez federal de Chiapas continuara el proceso en contra de los 18 imputados, hasta su resolución final.
Por otra parte, en la misma fecha, en Costa Chica, San Cristóbal de Las Casas, se detuvieron a dos personas más, con motivo de un bloqueo carretero; dichas personas también fueron llevadas ante el agente del Ministerio Público, otorgando la libertad de una de ellas por no relacionarse algún delito, y solicitó contra la otra persona la medida cautelar de prisión preventiva por los delitos de terrorismo, daño en propiedad ajena, lesiones y ataques a las vías generales de comunicación.
En el término concedido para las investigaciones en ambos casos por el juez de Control, dará lugar a que el Órgano Técnico Investigador, obtenga mayores datos de prueba.
