El transporte público requiere de una revisión profunda que derive en la liberación del autotransporte, no sólo a causa de los eternos conflictos similares que en las últimas semanas ha estado ocurriendo con el Conejobus en la capital del estado. El servicio debe estar sustentado cada vez más en la modernización y en la transparencia de los proveedores del mismo a través del sistema de concesiones.
Un servicio dependiente de grupúsculos que durante años han estado engrosando las listas de concesiones y sistematizando viejos vicios no beneficia al usuario, lo ha manifestado la ciudadanía y lo han analizado especialistas en el tema.
Además de terminar con esas negociaciones de cuotas y prebendas entre tribus y de las actitudes perversas de las mismas con la ciudadanía y el sector asalariado, a los que esquilman a más no poder, lo que hay que ponderar en la búsqueda de una mejor política de transporte público es el buen servicio y la garantía de que el prestador del mismo cumpla con lo que podrían ser los rubros básicos, entre los cuales están infraestructura, unidades y seguro de viajero.
Por ejemplo, ya sólo queda la mitad del plazo que la Secretaría de Transportes otorgó a los concesionarios del transporte de la capital para retirar un promedio de mil 400 unidades viejas, que ellos asumieron como un compromiso a cambio de que en lo oscuro en el anterior gobierno, sin consulta previa y ni revisión de la Comisión de Autotransportes del Congreso local, se les autorizara un incremento del 20 por ciento en el costo del pasaje.
El costo subió pese a inconformidades del pueblo; las unidades viejas siguen en las calles; algunos concesionarios han pretendido amagar para que no se les exija el cumplimiento de los compromisos del buen servicio. Pero el asunto Conejobus, que trata de no pago a socios y del supuesto mal manejo de los recursos, es un indicador más de que la liberación del transporte es un tema que no puede seguirse postergando.
