La Ley Nacional de Ejecución Penal establece en los artículos 136 y 137 el beneficio de libertad condicionada para que las personas privadas de su libertad, que cumplan con ciertos requisitos, puedan continuar compurgando su pena de prisión en libertad, comentó María Teresa Vázquez Franco, defensora pública adscrita al Instituto Federal de Defensoría Pública.
Los requisitos son cumplir con el 50 % de la pena de prisión, no contar con diversas sentencias condenatorias firmes, que su externamiento no cause riesgo alguno para los testigos que depusieron en su contra así por igual a la sociedad, y el haber tenido una buena conducta durante su internamiento.
También cubrir la reparación del daño y la multa, no estar sujeto a otros procesos penales del fuero común o federal por delitos que ameriten prisión preventiva, y no haber sido sentenciado por delitos de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas.
Caso
La abogada dio a conocer el caso de Catalina, una mujer que en el 2016 fue sentenciada a 10 años de prisión por delitos contra la salud. Es una madre soltera de tres hijos, con una situación económica bastante precaria cuando decidió transportar metanfetaminas, por lo que fue trasladada a un Centro de Reinserción Social lejos de su lugar de residencia.
En el 2021, ella cumplió con el 50 % de su pena de prisión, además del resto de requisitos para iniciar el trámite del beneficio de libertad condicionada. En julio de ese año el órgano jurisdiccional le concedió la libertad bajo la modalidad de supervisión con monitoreo electrónico.
El problema era que ni ella ni su familia contaba con los recursos económicos para cubrir con el costo del brazalete electrónico, pero gracias a las gestiones realizadas por el director del Instituto Federal de Defensoría Pública, se logró un convenio con una empresa para otorgar el brazalete gratuito.
El 11 de noviembre se colocó a Catalina el brazalete electrónico gratuito; actualmente se encuentra viviendo con su familia bajo ciertas condiciones, como no salir del estado de Jalisco. Además, ya cuenta con un empleo lícito y formal.
La defensora explicó que la Ley Nacional de Ejecución Penal establece dos beneficios: el primero es cuando las personas cumplen con el 50 % de su pena para salir en libertad condicionada, bajo algunas determinantes, como no salir de su estado, y en lo que termina de cumplir la sentencia permanece bajo la vigilancia de la autoridad administrativa; el segundo, al cumplir con el 70 % de la pena de prisión, lo que significa una liberación anticipada.