Una senal de alarma más se cierne sobre el horizonte de nuestro régimen político: hemos empezado a enredarnos con la libertad de expresión. Unos por desconocimiento acerca de los alcances de esta libertad fundamental; otros por conveniencia al usarla como blindaje para toda ocasión; y otros más que, motivados por los demonios de la intolerancia, buscan dar zarpazos ante la primera provocación.
Mientras el régimen político autoritario estuvo en condiciones de mantener la servidumbre de los medios de comunicación, cualquier espacio o resquicio que se abría en la plaza pública o en las páginas de los diarios se apreciaba como una senal de apertura para ejercer la libertad de expresión. Las restricciones del régimen siempre fueron selectivas. Apretaban sin ahorcar, aunque no pocas veces las voces disonantes se volvieron disidentes y terminaron acalladas.
Con la competencia política y la acumulación de derrotas electorales del PRI, hasta el momento de la derrota del 2 de julio del 2000, la libertad de expresión gradualmente siguió ganando espacios, se diversificó en interlocutores, en expresiones y en temas. El respeto al voto abrió el camino del respeto a las voces y a las opiniones de los actores políticos y de los ciudadanos.
La historia reciente de nuestra transición demostró la estrecha relación entre el respeto a la libertad de expresión y el ejercicio del resto de las libertades civiles y políticas. Se hizo evidente el doble carácter de esta libertad, como fuerza simbólica y como mecanismo necesario para propiciar el ejercicio de los derechos políticos de elegir, participar, organizarse políticamente, ser elegido y ofrecer propuestas políticas a los ciudadanos.
Mientras el objetivo central de los opositores fue el desplazamiento del poder del viejo partido del régimen, todas las formas de expresión y organización política fueron toleradas. Frente al cauce arrollador de la crítica social, el régimen comprendió que el costo de silenciar las voces disonantes era cada vez más alto que el costo social de tolerarlas. Entonces no hubo necesidad de revisar las normas constitucionales ni la legislación electoral. Bastaba con permitir que los ciudadanos y los actores políticos se expresaran sin que el Estado interviniese.
La libertad de expresión ensanchó su presencia como libertad negativa, que a decir de Isaiah Berlin presupone la abstención del Estado para no impedir ni inhibir ni censurar la manifestación de las opiniones e ideas en público. Hasta las elecciones del 2000 el consenso acerca de los alcances de la libertad de expresión era incuestionable. Bastaba aplicar los artículos sexto y séptimo constitucionales.
Después de las elecciones de 2006, la idea básica que todos teníamos sobre la libertad de expresión ha sido recusada por las reformas al código electoral, y en especial, por las resoluciones sin suficiente sustento doctrinario y legal que han tomado los consejeros electorales. Ante esa peligrosa e infundada tendencia, es necesario reafirmar que la libertad de expresión tiene en cada una de las personas físicas, que pueden legal y fácticamente ejercerla, a sus titulares.
La libertad de expresión antes que otra cosa es un derecho fundamental radicado en la potestad de los individuos. Como derecho fundamental no es un derecho absoluto. Frente a ese derecho, los terceros agraviados pueden querellarse en la jurisdicción civil, ahora que el enfoque penal ha sido superado.
Pero la libertad de expresión no puede usarse como escudo para blindar a nadie de la crítica, y menos de la intensa disputa verbal y simbólica que ocurre antes y después de las elecciones. Al IFE le hace falta perspectiva de Estado para enfocar adecuadamente los problemas relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión. A los consejeros les hace falta rigor en el estudio de la legislación vigente, en especial la contenida en las normas internacionales adoptadas por el país. Y en particular a lo dispuesto en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
**Doctor en Ciencia Política y Sociología
