En buena hora, aunque muy a su pesar, los senadores panistas Jorge Zermeno y Fauzi Hamdan echaron para atrás su iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, por la cual se proponía que el Poder Ejecutivo tuviera la facultad de impugnar resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y, con ello, acotar las facultades de dicho instituto.
Aun cuando a los autores de tal iniciativa les pareció exagerada la reacción de la presidenta del IFAI, María Marván, en contra de dicha reforma, es un hecho que la transparencia en la administración pública no se debe empantanar con recursos legaloides, útiles para retrasar la apertura de información a la sociedad, porque sería un retroceso sobre lo alcanzado por los mexicanos hace tres anos, cuando se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Durante décadas, la información del gobierno y del uso de los recursos públicos fue un territorio vedado a la sociedad, que retrasó enormemente la llegada de la democracia plena, puesto que sólo el arbitrio del poder decidía qué podían saber los ciudadanos y qué no.
Por el contrario, lejos de requerirse una medida regresiva, como la planteada por los senadores panistas, lo que se necesita es legislar una mayor apertura en aquellos puntos de la ley donde todavía conserva resquicios de opacidad informativa, ya sea para manejar a capricho los anos que debe ir a reserva algún expediente, ya sea para permitir que un funcionario público determine que su declaración patrimonial también es confidencial.
También se requiere ampliación de facultades de la Ley de Transparencia en los ámbitos legislativo y judicial, donde todavía falta mucho por hacer en la materia y hay resistencias de ministros y legisladores para abrir sus cuentas.
Hay, asimismo, entidades de la República que han transitado con mucha dificultad en la construcción de sus órganos de apertura informativa, como por ejemplo el Distrito Federal, donde determinaciones de tipo administrativo y político no han permitido el ejercicio libre de los capitalinos en dicha materia.
Y sin embargo, el Poder Ejecutivo es el que debe estar más comprometido con todo lo que tenga qué ver con una rendición de cuentas veraz y oportuna, porque sólo así se podrá favorecer un entorno social y político más armónico y libre de sospechas.
La consolidación de la democracia en la vida nacional pasa por transparentar las acciones de gobierno y no debe haber marcha atrás. Por ello, vale la pena considerar con mucha seriedad la propuesta de la presidenta del IFAI, en el sentido de reformar el artículo 6o. constitucional para plasmar ahí el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública.
Con todo, los funcionarios no tienen por qué temer al IFAI, si es que su accionar fue correcto y los recursos públicos manejados con extrema pulcritud. O bien, los funcionarios públicos se obligarán a actuar en razón a esta transparencia, pues ello podrá conjurar cualquier intento por cometer actos que atenten contra los intereses de los mexicanos.
Es tiempo de fortalecer todo aquello que acerque a la sociedad con sus gobernantes, porque un ejercicio como el del libre acceso a la información es una buena base para un mejor futuro político y la garantía de que no se volverá a un pasado sin información o de gobernantes sin voluntad de explicar a la ciudadanía cada uno de sus actos públicos. (El Universal)
