Preocupa que en una dependencia del prestigio histórico y la vertical trayectoria de la Secretaría de Educación Pública pudieran presentarse irregularidades graves en la política de compras masivas de libros de referencia y apoyo cultural.
Desafortunadamente, el rubro de las adquisiciones era precisamente uno de los puntos débiles de la administración pública en el que se manifestaba con más frecuencia la corrupción, al grado de que, para alcanzar una total transparencia, esta tarea es la que más se ha hecho sujeta a normas muy estrictas y completas, como es la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Esta ley establece los procedimientos y criterios que deben aplicarse en cada paso de las licitaciones para que el gobierno adquiera material, equipo y servicios, cuidando así, con el mayor esmero, la buena administración del dinero de los contribuyentes.
Hay dependencias que, por ejemplo, tienen que cumplir larguísimos y difíciles procesos de trámite para llevar a cabo obras indispensables que beneficien al país.
Por ello, resulta en extremo sorprendente lo que se informa en el reportaje que hoy presenta El Universal, en el sentido de que en las compras realizadas por la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, a cargo de Lorenzo Gómez Morín, se hayan adquirido grandes lotes de libros con sobreprecios que, en algunos casos, rebasan hasta cinco veces las normas de adquisición de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg).
Esto podría limitar seriamente lo prometido por el presidente Fox: convertir a México en un país de lectores, preocupación que se ha manifestado a través de varios proyectos suyos para una nación como la nuestra, en donde se ha detectado una muy baja actividad lectora de calidad en grandes sectores de la población.
Hay que recordar que cuando se anunció la integración de las bibliotecas de aula hubo quejas de algunos sectores relacionados con la cultura, en el sentido de que no se hizo una consulta con expertos para la formación del acervo necesario orientado a este servicio educativo.
Preocupa que resulte tan onerosa la compra a una empresa espanola de un millón cincuenta mil ejemplares de El Quijote para obsequio a los maestros; operación que en apariencia no se puso a licitación pública y que podría acarrear un sobrecosto de 20 millones de pesos; además de que, se nos informa, la SEP paga a casas editoriales por encima de lo que hace la Conaliteg.
Faltan aclaraciones serias al respecto. Los mexicanos queremos que se nos aclare lo que pasa ahí, pues si no existe algún favoritismo, podría suponerse una lamentable falta de coordinación entre la SEP y su dependencia encargada de la compra de libros, algo que redunda en un grave quebranto para el sector educativo.
Urge que las instancias internas de control de la SEP, así como la Secretaría de la Función Pública, se aboquen a analizar este caso para determinar si hubo alguna irregularidad o si se trata de un ejemplo de incapacidad administrativa. En todo caso, que se actúe en consecuencia.
Es necesario insistir en que la función pública debe llevarse a cabo con estricto apego a la ley y empleando para ello a funcionarios capaces y probos. Entre los mexicanos ya hay un hartazgo frente a casos de mala administración que surgen de una promesa fallida de cambio que al parecer no ha sido entendida por muchos funcionarios públicos. (El Universal).
