De acuerdo con datos oficiales, durante 2024, Chiapas registró 757 partos en niñas de entre 10 y 14 años de edad, cifra que colocó a la entidad en el primer lugar nacional en nacimientos con madres en ese rango de edad.
A nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que 89 mil 527 niñas y adolescentes de 10 a 17 años tuvieron un parto durante el mismo año.
De ese total, 184 correspondieron a niñas de 10 y 11 años, casos que, conforme a la legislación vigente y a los lineamientos de protección a la infancia, se ubican dentro de un marco de investigación por violencia sexual.
Además del número absoluto, Chiapas presentó en 2024 la tasa más alta de fecundidad en población de 10 a 17 años, con 19.4 nacimientos por cada mil, casi el doble del promedio nacional, que fue de 10.1.
La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias) señaló que los embarazos en menores de 15 años deben analizarse desde el concepto de fecundidad forzada.
En un posicionamiento público, la organización subrayó que todo embarazo en menores de 15 años debe considerarse resultado de algún tipo de coerción o violencia sexual, ya que no se trata de elecciones personales.
Redias también insistió en que la maternidad infantil no debe interpretarse como un fenómeno cultural, sino como un indicador de violencia estructural y de fallas en los sistemas de prevención y protección.
La dimensión penal del problema se refleja en los datos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.
Durante 2025 se iniciaron 328 carpetas de investigación por pederastía, 259 por violación y 107 por abuso sexual.
Estos registros se presentan en un contexto donde Chiapas mantiene los mayores niveles de partos en niñas menores de 14 años en el país.
Un caso reciente ocurrió el 6 de enero de 2026, cuando una niña tsotsil de 11 años, originaria de San Juan Chamula, fue atendida en el Hospital de las Culturas, en San Cristóbal de Las Casas, tras dar a luz.
Para Redias, estos hechos no son excepciones, sino parte de una crisis de derechos humanos, marcada por violencia sexual sistemática y la falta de políticas públicas eficaces.
La organización advirtió que la normalización de los embarazos infantiles invisibiliza la violencia que los origina.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prohíbe cualquier práctica que vulnere la integridad de las personas menores de 18 años, incluidas las uniones tempranas y los matrimonios forzados.
En materia de salud, la NOM-046-SSA establece que toda víctima de violencia sexual tiene derecho a la interrupción legal del embarazo, sin necesidad de denuncia previa.
Redias enfatizó en acciones prioritarias como combatir los matrimonios forzados, fortalecer la detección temprana de la violencia sexual, garantizar la Educación Sexual Integral y ampliar los Servicios de Salud Amigables con Adolescentes en todos los municipios.
