Un promedio de 80 mil pesos fue el moche que pidieron supuestos líderes de sindicatos para permitir que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) realizara trabajos de reencarpetamiento de un tramo carretero en el municipio de Ocozocoautla, lo que trajo como consecuencia el secuestro de maquinaria, denunció Mario Bustamante Grajales, presidente de la Alianza del Autotransporte en el Estado de Chiapas.
“Pero si se deja esto se vuelve una costumbre y en el proceso de la obra piden y piden, y es cosa de nunca acabar”, añadió el líder del sector que hace unos días denunció el acontecimiento ante la autoridad.
Esta situación, dijo, no sólo pone en riesgo el mantenimiento para 3.8 kilómetros sobre el bulevar principal, sino también los 30 millones de pesos que se esperan invertir en esta obra y que significa derrama económica para todo el sector.
Aunque ya se presentó la denuncia ante las autoridades, Bustamante Grajales comentó que es fundamental que se aplique el estado de derecho a fin de evitar estas anomalías en el gremio que, a corto plazo, pueden impactar de forma negativa en las inversiones.
Aplicar la ley a quienes realicen actividades ilícitas, consideró, dará certidumbre jurídica para todas aquellas personas que tienen el interés de generar empleos en la entidad.
El líder del sector exigió que no haya impunidad, interrupción en las obras y que las leyes no se negocien, se tienen que aplicar. Reconocieron el esfuerzo que ha hecho el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas para que los recursos federales lleguen a la entidad y se inviertan en acciones de beneficio para la población.
“No es posible que dirigentes de sindicatos nacionales o en estados, sin escrúpulos quieren desestabilizar a nuestra entidad, engañando a gente pobre y extorsionando a la empresa constructora y a sus trabajadores, práctica que les funcionó durante los últimos dos sexsenios con la complacencia, tolerancia, permisibilidad y complicidad de las propias autoridades”.
Se tenía planeado que los 3.8 kilómetros de mantenimiento se terminarían en cinco meses, pero los trabajos están retrasados porque la maquinaria no era entregada a la empresa encargada de la obra y, por tal razón también han pedido a la SCT que no sancione a la compañía si el tiempo de entrega se prolonga.
De acuerdo con la Alianza del Autotransporte, se trata del primer caso que se ha presentado en Chiapas por un grupo de personas que buscan intereses personales; la extorsión consistió en secuestrar la maquinaria, amenazar al residente de la obra y pedir dinero para permitir los trabajos en el tramo carretero.
“La paz social y sana convivencia son derechos que debemos tener todos los chiapanecos; los recursos públicos son finitos y tienen tiempo de caducidad si no se ejerce en forma, pueden regresar a la Federación causando daños a la población beneficiada y por consiguiente al desarrollo del estado”, finalizó el representante de la Alianza del Autotransporte.
