Debido a que sigue activo el conflicto por la disputa de tierras entre comunidades de Aldama y Chenalhó, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades estatales, con carácter de urgente, para que encuentre las vías seguras y activas para que ambos municipios puedan resolver sus diferencias limítrofes, tomando en cuenta que pelean 60 hectáreas desde hace 45 años.
El organismo no gubernamental pide a las instituciones de Chiapas que impulsen la participación de los pueblos indígenas, con una visión intercultural, educativa, agraria y de seguridad, para que la población encuentre los canales necesarios para el diálogo y la concertación.
Recientemente, comuneros de Santa Martha (en Chenalhó) pidieron al gobierno local un promedio de 50 millones de pesos para que dieran 32.5 hectáreas al municipio de Aldama, como un “gesto” pacífico para destrabar el conflicto.
No obstante, dentro de la petición también incluyeron 200 mil pesos por cada persona muerta en el pleito (casi 30 habitantes) y otros 100 mil para los 16 heridos que tienen reportados.
A través de un documento, que venía respaldado por las autoridades de los Bienes Comunales en la zona, insistieron en que no aceptarán los tres millones de pesos que ofrecieron los funcionarios en la entidad; incluso, añadieron que 20 comunidades en Chenalhó también requieren de obras en materia de pavimentación y apertura de caminos.
“Para la CNDH resulta preocupante la situación de inseguridad e inestabilidad social que prevalece entre los habitantes de estos municipios”, dice la Comisión al reforzar su argumento con el hecho de que los esfuerzos institucionales para garantizar la integridad de las personas y para mantener la ingobernabilidad, no han dado los resultados esperados.
En el exhorto, la CNDH puntualizó: “Se tiene conocimiento de que, en los últimos meses, se han agudizado las diferencias sociales entre las propias comunidades, imperando la ingobernabilidad y persistiendo zonas de conflicto a causa de agresiones mutuas con armas de fuego que, a decir de los pobladores, son de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; resultando lo anterior en la pérdida lamentable de vidas humanas, múltiples lesionados, daños materiales y el desplazamiento de familias”.
El organismo recordó que el 31 de julio de este año, las autoridades locales y federales sellaron un acuerdo de no agresión entre ambos municipios y que fue respaldado por los comuneros en junio; este compromiso se mantiene vigente, pero los enfrentamientos siguen y el manifiesto tampoco ha dado los resultados esperados.
“En el ejercicio de sus atribuciones, este organismo constitucional autónomo ratifica su compromiso con la protección, defensa y garantía de los derechos humanos que ampara el orden jurídico constitucional y convencional, a favor de quienes integran nuestros pueblos originarios en México”, finaliza la CNDH.
