El anuncio de que la Comisión de Derechos Humanos de la LXV Legislatura llamará a los miembros del Consejo Estatal de Derechos Humanos de Chiapas para conocer lo que está sucediendo en el interior, resulta desconcertante: es acaso que estando tan atareados no han tenido tiempo de enterarse de que algo sucede desde que ellos mismos le tomaron protesta al en ese entonces nuevo consejero Florencio Madariaga Granados sin que cumpliera los requisitos de ley, pues como se sabe, desde el inicio no podía y no puede aspirar a ser integrante. O es acaso que por fin tratarán de enmendar esta irregularidad que han avalado, separando al elemento de discordia.
Aquí sucede algo extraordinario, comenzando con quienes lo propusieron, pues antes de promoverlo debieron leer la propia norma del Consejo. Si lo hicieron y pasaron por alto el articulado incurrieron en grave falta, si no lo hicieron, de todas maneras están en igual circunstancia, pues ingnorar la ley no exime a nadie de responsabilidad. Por otra parte, surge la pregunta sobre si el promovido aspirante, siendo como se afirma, doctorado en derecho, deconocía los ordenamientos del organismo del que pretendía ser parte. Todos estos factores forman parte en principio de un penoso caso que ahora sacude a esa instancia de representación y defensa de garantías.
El Consejo Estatal de Derechos Humanos de Chiapas venía laborando con cierta normalidad, es decir, no había conflicto interno. Sin embargo, con la entrada del nuevo consejero comenzaron a ventilarse expresiones de inconformidad y denuncias, en principio de parte del secretario técnico, quien acusaba al recién ingresado consejero de tomar atribuciones que con base en las normas internas no podía adjudicarse. Había la impresión de que alguien pretendía hacerse del control total y absoluto de las funciones, aún por encima de los ordenamientos.
Esto mismo ha causado que la tensión en vez de amainar haya ido agudizándose con verdaderos choques entre consejeros que ahora reclaman en su mayoría, restituir la legalidad dentro del Consejo, pero además, ha provocado y desencadenado reacciones del actual consejero presidente, quien al ver resistencia ha ordenado rescisiones y despidos para quienes no han apoyado la irregularidad no sólo de su permanencia sino de las funciones que ha venido tomando bajo su control.
Es una paradoja. Hoy las víctimas que necesitan de auxilio en la defensa de sus derechos son los mismos funcionarios del Consejo Estatal de Derechos Humanos, siendo el caso más dramático el de una funcionaria que ha sido echada por estar embarazada, entrevistada recientemente en el hospital.
Todo esto por pretender mantener contra viento y marea a un miembro que ha llevado la discordia y el conflicto.
La pregunta es, para qué sirve un organismo así. A qué chiapaneco puede representar Florencio Madariaga, si con los de la propia casa que él ha tomado se comporta así.
Mención aparte es el caso de la maestra Marina Patricia Jiménez Ramírez, también impedida por ley en ese Consejo, quien además tiene una deuda monumental, escatológica, con grupos choles, tseltales y tsotsiles de Chiapas en su desempeño socio-profesional durante los años noventa.
