La Iglesia católica y el diputado local, Isidro Ovando Medina, se pronunciaron de manera enérgica sobre el actuar de agentes de la Policía Estatal y del Instituto Nacional de Migración (INM) luego de que el pasado sábado 29 de octubre ingresaron a la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, en Escuintla, para detener a migrantes.
Sobre el hecho, la Iglesia católica comentó que se privó de su libertad a las personas migrantes que se encontraban resguardadas dentro del lugar.
En un comunicado emitido por la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Dimensión Episcopal de Movilidad Humana, se destaca que tras estos hechos resultó lesionada una mujer de nacionalidad colombiana, quien se encontraba embarazada, puesto que también se reporta el uso excesivo de la fuerza por parte de los servidores públicos.
Sobre esta situación se pronunció el diputado Isidro Ovando Medina, quien preside la Comisión de Zonas Fronterizas y Limítrofes. Consideró importante puntualizar que, tanto iglesias como templos no son edificios públicos pese a fungir como edificios comunitarios, pues se tratan de recintos particulares.
Reconoció que por naturaleza los templos siempre son solidarios y compasivos, por lo que reciben a las personas que deciden pedir refugio, de modo que el responsable del edificio decide sobre a quién deja entrar y a quién no.
De tal manera que si el ordinario del lugar da refugio a migrantes o a cualquier otro ciudadano, la policía no tiene facultades para entrar a ningún templo o lugar particular, excepto cuando haya orden expresa de un juez, y en este caso no lo tenía. Ante ello, se hizo un llamado respetuoso y firme a las autoridades a privilegiar el respeto a los derechos humanos.
Postura
En tanto que en el comunicado de la Iglesia católica se puntualiza que lleva más de 20 años acogiendo, protegiendo, integrando y promoviendo a las personas migrantes que transitan en el país, brindando alimento, hospedaje, vestimenta, atención médica, entre otros derechos que en principio deben ser garantizados por el Estado, pero que ante su ausencia, han sido asumidos por la Iglesia.
No obstante, “parece que la respuesta de instituciones como el INM es atacar a la Iglesia a través de acciones ilegales que no solo impiden el desarrollo de su labor humanitaria, sino el ejercicio de sus derechos a la asociación y libertad religiosa”.
Solicitaron al INM y a la Policía Estatal de Chiapas abstenerse a realizar cualquier acción de hostigamiento y perturbación a las actividades humanitarias que realiza la Diócesis de Tapachula a favor de las personas migrantes.
Asimismo, se instó a investigar -a través del Órgano Interno de Control- el actuar de los servidores públicos involucrados en los hechos para realizar las respectivas sanciones.
Del mismo modo, llamaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a llevar a cabo una investigación acorde a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, que permita realizar una recomendación a las instituciones involucradas con el objetivo de reparar a las víctimas y para garantizar la no repetición de estos hechos.