Se presentó un estudio de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD), el cual apunta que de enero de 2016 a mayo de 2021 hubo 138 episodios de desplazamiento masivo ocasionados por violencia. Chiapas es una de las siete entidades que concentraron el 91% de los casos.
La investigación de Juan Manuel Rodríguez Carrillo y Miguel Ángel Barrón González, “Algunos aspectos sobre el Desplazamiento Forzado Interno (DFI)”, refiere que hasta el momento, solo Chiapas, Guerrero y Sinaloa han aprobado leyes para la prevención y atención del desplazamiento interno.
En la entidad, en el año 2012 se publicó la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el estado de Chiapas, a través de la cual se recogió la esencia que los principios rectores encuadran sobre este fenómeno.
Asimismo, debe destacarse que a partir de diciembre del 2018 se instaló el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, el cual reúne a diversas autoridades a nivel estatal para buscar soluciones a los casos que por desplazamiento forzado interno se les presentan.
De acuerdo a la última Relatoría sobre el Desplazamiento Forzado Interno en Chiapas, que realizó la visitadora general especializada de Atención en Asuntos Indígenas, Martha Laura Sánchez Flores, “esta ley no aborda las necesidades y vulnerabilidades de forma especi´fica de los desplazados internos, ni asigna responsabilidades claras a las autoridades competentes”.
La recomendación de la funcionaria de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), es realizar una reforma a la ley que delimite protocolos y responsabilidades de las autoridades.
