A la fecha, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) tiene documentadas 24 mil 510 víctimas de Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Chiapas, en donde, indicaron a través de un comunicado, la falta de una respuesta integral agrava la vulnerabilidad de estas comunidades.
El Frayba detalló que el DFI “implica, entre otras consecuencias, la pérdida del territorio, de los bienes, de los medios de subsistencia, de los vínculos comunitarios, afectando principalmente a las mujeres, las infancias y las personas adultas mayores”.
Casos
El centro de derechos humanos mencionó que recientemente han documentado la situación de DFI de familias originarias del ejido Nueva Independencia, municipio de Ángel Albino Corzo, quienes fueron desplazadas entre la segunda mitad de 2024 y principios de 2025.
Esto, señalan, como consecuencia de la violencia desatada en la zona que se intensificó después de la elección del presidente municipal, Manuel de Jesús Moreno Fernández, del Partido Verde Ecologista de México.
“Testimonios refieren que el presidente municipal estaría brindando protección a un grupo de poder político ‘Los Robleros’, al que las personas afectadas señalan vínculos directos con agentes de la delincuencia organizada”, agregan en el comunicado.
También recordaron los casos de Nueva Palestina, ocurrido desde diciembre de 2021, y el del pueblo maya lacandón, acontecido el 13 de septiembre de 2023, en la comunidad Lacanjá Chansayab, ambos en el municipio de Ocosingo y en donde denuncian una persistente falta de atención.
“Recordamos, por último, el evento de DFI ocurrido en febrero de 2026, en el ejido Jotolá, Chilón, cuyas víctimas son integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), quienes llevan poco más de siete meses enfrentando esta grave crisis”.
Llamado
El Frayba advirtió sobre la gravedad de reducir la situación del DFI a un simple porcentaje, “como si las múltiples afectaciones que acompañan estos hechos pudieran registrarse únicamente en tablas y cifras”.
Ante esto, hicieron un llamado para que se atiendan “de manera integral las situaciones de DFI, garanticen una atención adecuada y oportuna a las personas afectadas y generen las condiciones necesarias para que puedan regresar a sus hogares de manera segura, digna y con pleno respeto a sus derechos humanos”.
