La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó al Congreso del Estado de Chiapas a garantizar la identidad de género con reformas a los códigos civiles que las reconozcan y sean correctamente formuladas para ser operantes y no revictimizantes.
A unos dos meses de la conmemoración del Día del Orgullo y la Dignidad Gay, y a un mes del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, el organismo nacional pidió a los congresos estatales que hagan o fortalezcan políticas públicas que garantice a las personas de la comunidad el acceso a empleos bien remunerados, a la salud, a la educación sin discriminación y a la vivienda digna, entre otros derechos, que les permitan vivir sin la violencia ni las vulnerabilidades que les han afectado de manera histórica.
En Chiapas, la diputada Aida Guadalupe Jiménez Sesma propuso una iniciativa denominada “Ley de Identidad Trans”, que daría certeza jurídica a aquellas personas que decidieran expresar su identidad de género y que no tuvieran sus datos actualizados, para que lo hicieran directamente en el Registro Civil local.
Sin embargo, dicha iniciativa desde el 2019 se mantiene congelada, pese a la crítica que han hecho organizaciones defensoras respecto al incertidumbre laboral y la laguna jurídica para reconocer ciertos delitos como el transfeminicidio.
Ante ello, la CNDH expresó que los congresos locales aún tienen una deuda histórica con las personas trans, ya que no se advierte iniciativa o interés alguno en modificar los códigos civiles respectivos para garantizar el derecho a su identidad de género.
Lo anterior, a pesar de que distintos miembros de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) han explicado de manera reiterada la importancia de ese tipo de reformas.
Cabe destacar que toda modificación legislativa de ese tipo debe de estar adecuadamente formulada para no resultar inoperante o revictimizante en la práctica. Ello implica involucrar a organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y, desde luego, personas trans para la formulación de los respectivos proyectos de reforma.
Al no reconocer la identidad de género del grupo poblacional multicitado, se vulneran distintos derechos humanos como su derecho a la certeza jurídica, a la igualdad y a la no discriminación, a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad, así como todos aquellos que comprometen su acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, al empleo, entre otros.