La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a las autoridades del sistema penitenciario de los estados para generar en tiempo y forma medidas de prevención adecuadas y suficientes para la protección de la salud de personas privadas de su liberad ante la alerta de contagios por el Covid-19.
El organismo recordó que las propagaciones de la enfermedad denominada coronavirus Covid-19 puede ser preocupante bajo estos sistemas de internamiento con condiciones precarias de salud, ya que el 11 de marzo de 2020 el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó calificarla como pandemia (enfermedad epidémica que se extiende en varios países del mundo de manera simultánea), tras confirmarse y superarse 118 mil casos en 114 países.
Hasta el último reporte, el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud en México informó que se han presentado hasta el momento 26 casos confirmados, por lo que es necesario tomar medidas razonables para su prevención.
En Chiapas existen 16 centros penitenciarios, divididos en dos Centros Especiales para los Adolescentes y un Centro Estatal Preventivo.
Por su población penitenciaria destacan: el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 14 “El Amate”, los CERSS 3 de Tapachula, 5 de San Cristóbal de Las Casas, entre otros.
Por tanto, la CNDH informó que las personas privadas de la libertad en todo el territorio nacional deben de adoptar medidas específicas dadas las condiciones de internamiento en las que se encuentran, a fin de salvaguardar su integridad física; por ello, es necesario que se lleven a cabo las medidas preventivas correspondientes tanto para la población penitenciaria, visitas (familiares y defensores) y personal que ahí labora.
Por último, la comisión mencionó que con base en las condiciones que imperen en cada uno de los establecimientos penitenciarios federales y estatales, se sugiere implementar mecanismos encaminados a la protección de la salud y vida de la población privada de la libertad, las visitas en general, los proveedores de servicios y personal penitenciario.
