“Emitirlas en tiempo y forma representan la vida o muerte de una mujer”, sostuvo la directora de Observancia, Evaluación y Monitoreo de la Política Nacional en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Gabriela Nohemi Segura Cárdenas, en la presentación del informe “Las Órdenes de Protección y el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 2021” en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
En la exposición del tema, argumentó que las órdenes de protección son actos de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima, son medidas precautorias y cautelares, intransferibles y deben otorgarse por el Ministerio Público (MP) u órganos jurisdiccionales ante un hecho de violencia.
Mientras que las medidas de protección se otorgan durante la investigación de un posible delito, “bajo la más estricta responsabilidad del MP cuando se estime que el imputado tiene un riesgo eminente en contra de su seguridad, las cuales se aplican de manera supletoria, cuando se trate de un delito de violencia de género”.
Sin embargo, sobre la situación en la que se encuentra la aplicación de estas leyes, dijo que por parte de los organismos gubernamentales no hay claridad de quiénes son las instituciones que tienen que emitir o regular las órdenes de protección .
También indicó que no hay información confiable ni una base de datos que especifique dónde ocurre esta violencia, a la que se agrega una falta de estadísticas y elementos de infraestructura, como falta de internet en las comunidades rurales, puntualizando que “tampoco hay protocolos, y por tanto, tampoco hay seguimiento”.
Los motivos, agregó, son las omisiones y la falta de integridad institucional, en tanto recomendó trabajar en la vinculación de los gobiernos estatales, municipales y federales para tapar los huecos jurídicos que genera una violencia institucional en contra de las mujeres.
“Hay que tomar medidas urgentes”, y aclaró el contexto donde hay 11 feminicidios diarios en el país, cifra agudizada en la pandemia, fenómeno que demostró que la violencia familiar puede llegar a su expresión máxima: la violencia feminidad, y “esta realidad genera una reacción en las instituciones”.
“Se debe garantizar que las leyes bajen a reglamentos”, explicando que “de acuerdo a los tratados internacionales a los que estamos inscritos, nuestras instituciones estales se ven obligadas a llevar a cabo legislaciones internas, y establecer procedimiento legales, justos y eficaces para las mujeres que hayan sido sometidas a violencia”.
La visitadora resaltó que “suena sencillo, pero hay todo un camino legislativo y hay barreras culturales que las detienen”, por lo cual hizo un llamado enérgico para trabajar en tema.
