La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y la Secretaría de Salud han avanzado en la aplicación de vacunas anticovid a personas privadas de su libertad dentro de los centros de Reinserción Social para Sentenciados (Cerss) No. 17 en Playas de Catazajá y No. 5 en San Cristóbal de Las Casas.
En esta semana, la campaña de vacunación contra el covid-19 llegó a la población penitenciaria del Cerss No. 5, en la que se aplicaron 12 inyecciones a personas mayores de 60 años, inoculadas por personal de la Jurisdicción Sanitaria II y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Este jueves se aplicó el mismo procedimiento para ocho personas de la tercera edad que se encontraban dentro del Cerss en Playas de Catazajá.
Al mismo tiempo, la SSyPC ha informado que ha apoyado en la estrategia de vacunación en la instalación de los 10 puntos de vacunación contra el covid-19 en la capital. Desde apoyo y seguridad vial, han sido algunas de las tareas que han hecho los elementos en anteriores días.
Cabe señalar, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo que las vacunas contra el covid-19 deben llegar a todos los rincones de la nación, inclusive a los centros de Reinserción Social para Sentenciados.
Al respecto, la CNDH solicitó al Consejo de Salubridad General y a la Secretaría de Salud federal establecer las medidas necesarias que garanticen las suficientes dosis de vacunas contra el virus en los centros penitenciarios federales, estatales y militares del país.
Al respecto, Rosario Piedra Ibarra, presidenta de este organismo, destacaba que es obligación del Estado garantizar el derecho humano a la salud, así como el acceso a una vida digna de las personas privadas de su libertad.
“El Estado debe suministrar hasta el máximo de sus recursos todos los insumos médicos, humanos y de infraestructura hospitalaria para prevenir los contagios por covid-19 en centros penitenciarios”, señala Piedra Ibarra.
Ante ello, exhortaron a las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, a destinar los recursos públicos y económicos necesarios que garanticen dosis suficientes en centros penitenciarios.
