Aunque la Cámara de Diputados -con 264 votos a favor- aprobó que la Guardia Nacional dependa en el control operativo, administrativo y financiero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Olga Luz Espinosa Morales, diputada federal por Chiapas, informó que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) interpondrá un recurso de inconstitucionalidad para que sea la Corte la que decida qué pasará con estos mandos de seguridad.
Lo que esperarán, dijo, es la postura que asuma el Senado de la República, toda vez que el tema pasará a este espacio legislativo para que sea votado y se convierta en ley. En cuanto eso suceda, vendría la impugnación.
La legisladora federal por Chiapas explicó que la Guardia Nacional funciona con un presupuesto superior a los 130 mil millones de pesos y ese recurso se iría a la secretaría. Si la Sedena va a cubrir los pagos de ese mando policiaco y si con ellos se harán los trámites y recibirán indicaciones para saber en qué operativos participarán, dijo, “se entiende que el mando estará en la Sedena”.
Argumento
Mencionó que desde la parte oficial se ha querido argumentar que se mantiene un mando civil, debido a que en la estructura aparece la Secretaría de Seguridad Pública, sin embargo, consideró que esta dependencia no tendrá la capacidad para decir en qué actividades participa o no la Guardia Nacional. Se le pediría a la Sedena auxilio para atender los temas de seguridad en el país.
“Hay una parte de esta reforma donde indica que ya el Ejército va a poder realizar acciones del debido proceso; cuando así se determine, va a poder entrar a detenciones, cateos y a todas las funciones que le corresponde a las Fiscalías. Cuando les pidan el auxilio -a los militares- ya lo van a tener, situación que no se realizaba antes”, complementó.
Se prevé que con esa reforma sea la misma secretaría la que tendrá la responsabilidad de distribuir en el país a la Guardia Nacional. Los datos locales indican que Chiapas, para el 2023, tendría 19 sedes; en marzo de este año se anunció la construcción de otras instalaciones para Arriaga, Palenque, Altamirano, Acacoyagua y Solistahuacán.
Por ahora, entre las fuerzas de seguridad pública y las corporaciones policiacas, en el territorio estatal hay un promedio de nueve mil 537 elementos que se encargan de atender la situación que enfrentan los municipios sobre las funciones de los policías.
