Los actos vandálicos para exigir un alto al pirataje o para presionar al Gobierno con la entrega de concesiones no abonan en nada a la paz social de Chiapas, consideró Mario Bustamante Grajales, presidente de la Alianza del Autotransporte en el estado.
Tras la trifulca que se realizó en Tuxtla Gutiérrez, debido a que trabajadores asalariados protestaron en contra de las autoridades para exigir un alto a las unidades irregulares, precisó que violentando la propia ley no se obtendrán resultados favorables.
Sin embargo, consideró que mientras no se le de un rumbo definido al sector, los cauces se van abriendo de donde y como se puede, lo que constituye un riesgo para todos.
El líder transportista agregó que, a pesar que todos los chiapanecos deben apostarle a un mejor desarrollo del estado, algunos en su desesperación han optado por los actos en contra de las leyes, para obtener respuestas a sus demandas. Dijo que algunos líderes han hecho del transporte un negocio particular, a través de ofertas que no están al alcance de las propias autoridades.
Bustamante Grajales consideró que es necesario que las dependencias gubernamentales tienen que ser claras con los concesionarios, porque los problemas no se resuelven haciendo reformas a la Constitución, lo más importante es cambiar las aptitudes de algunos servidores públicos.
Recordó que las acciones que lamentablemente se desarrollaron en Tuxtla Gutiérrez también se han replicado en otras partes del estado; sin embargo, están ellos en la disponibilidad de abonarle a la tranquilidad de la entidad a través de un trabajo institucional, siempre y cuando, sea en el marco legal.
Manifestó que en el algunos municipios de Chiapas el problema del pirataje ya se ha descontrolado, aunque la propia autoridad, dijo, sabe quienes están realizando estas acciones.
Sugirió que se apliquen acciones penales en contra de los dirigentes que promueven malas prácticas, pero también de aquellos funcionarios que han permitido estas irregularidades.
Finalmente aseveró que debe existir rigor y voluntad política no para reprimir, sino para ordenar y dar certidumbre a un sector que cada día se ha violentado más, a pesar de los empleos legales que genera.
