Después de que se dio a conocer el Decreto para la prohibición de las carreras de caballos y peleas de gallos, el documento enfatiza que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) tiene que hacer un registro de los caballos de carreras que se encuentren o que se introduzcan al territorio estatal, a fin de constatar la legal procedencia de esos animales.
En el artículo 2, se explica que se debe tener el nombre del propietario y el lugar donde generalmente se lleva a cabo la crianza. Incluso cuando se hagan apuestas, las autoridades deben cerciorarse que se cumplan con la normatividad.
Objetivo de la prohibición
Fue este jueves 16 de enero que se hizo la publicación, y parte de los argumentos es que la actual administración tiene como prioridad la seguridad pública, a fin de que las familias puedan vivir en paz.
El Decreto enfatiza que, con base en la inseguridad que se vive en Chiapas, es viable suspender (de forma temporal) la celebración de algunos eventos que se vinculan con las carreras de caballos o peleas de gallos.
Por otra parte, el documento también indica la necesidad de evitar el maltrato animal. En el caso de las peleas de gallos hay jurisprudencia desde 2018 que indican la constitucionalidad de la prohibición.
La “aparente vulneración a la cultura, a la propiedad, la libertad de trabajo y el derecho a la igualdad y no discriminación”, eran los elementos que argumentó en su momento la parte afectada.
Evitan el maltrato
Para el caso de los caballos, el Decreto publicado explica que tienen que pasar por una regulación para evitar el maltrato. El texto añade que recurrentemente esos animales son sometidos a tratamientos para que tengan mayor masa muscular y resistencia.
Se recuerda que estos ejemplares también están vulnerables a sufrir lesiones en las competiciones. Para Chiapas, se detalla, no hay vigilancia ni tampoco control y menos registro de los caballos que se ocupan para las carreras.
Se remarca que las “afectaciones económicas, generación de fuentes de empleos, derechos culturales y tradiciones, derecho a la igualdad y no discriminación, libertad de trabajo e incluso el derecho a la propiedad, no encuentran justificación alguna ante el maltrato y crueldad de que son objeto los gallos y caballos que son utilizados en espectáculos públicos y privados”, agrega el Decreto.