"Francisco Valdés Ugalde * SUN. La izquierda y la derecha, si aún existe esa distinción, deberían estar perplejas. Una de las organizaciones civiles más importantes para la defensa de los derechos humanos, Human Rights Watch (HRW), dio a conocer la semana pasada su reporte sobre la situación de México en esta materia. Entre sus conclusiones sobresale un reclamo principal: ninguna de las fuerzas políticas, del signo que sea, asignan en su programa un lugar relevante al diagnóstico ni a las medidas inmediatas ni a los cambios jurídico-políticos necesarios para garantizar el respeto a los derechos humanos.
El análisis del informe sobre lo alcanzado desde la alternancia política en 2000 ofrece un panorama que confirma la lentitud del cambio. Esta es quizá su conclusión más importante. No obstante, HRW reconoce varios avances. El más importante de ellos es que el gobierno del presidente Vicente Fox ubicó el tema de los derechos humanos como una prioridad en materia de política exterior colocándolo por encima de la soberanía nacional. El efecto de esta medida es que ahora, a diferencia del pasado, México está expuesto al escrutinio internacional y, a su vez, participa activamente en los foros internacionales que se encargan de analizar el estado que guardan estos derechos en el mundo.
Pero este avance no se ha concretado en una ""política de Estado"" y puede revertirse en cualquier momento por obra y gracia del próximo gobernante en turno. El informe de HRW considera tres criterios para evaluar el respeto a los derechos humanos en lo que denomina ""la transición mexicana a la democracia"": la manera de elegir a los gobernantes; que éstos gobiernen democráticamente ajustándose a una apropiada rendición de cuentas y que actúen en el marco de la ley.
Respecto del primer punto, el informe senala que con la alternancia en el poder y la presencia de instituciones electorales imparciales ha sido garantizado el derecho ciudadano de elegir gobernantes. Se reconoce, así, que este ha sido un aspecto que el gobierno de Fox ha contribuido a consolidar. En el segundo y tercer puntos es donde aparecen los atrasos principales.
El derecho a la información es uno de los medios fundamentales para la rendición de cuentas. Ha entrado en vigor la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental que instituye al IFAI, organismo encargado de canalizar las solicitudes de información y regular que las agencias del gobierno las satisfagan en el marco de la ley. Pero este gran avance, según HRW, se encuentra amenazado por dos factores principales: la gran resistencia mostrada por muchas agencias para proporcionar la información que los ciudadanos solicitan y las interferencias de las que el IFAI es o puede ser objeto debido a su dependencia del Poder Ejecutivo. En conclusión, este gran salto dado por el Estado mexicano es precario y vulnerable, puede ser manipulado y desobedecido; puede, inclusive, ser revertido en la práctica por la persistencia de la ""cultura del secreto"" que priva aún en muchos medios oficiales. Además, en la geografía de esta vulnerabilidad sobresale la disparidad con la que ha sido instituido el derecho a la información en las entidades federativas. En la mayoría de ellas, la ley es menos contundente respecto de la obligación gubernamental de informar y más defectuosos los instrumentos para hacerla cumplir. Lo mismo ocurre con los partidos políticos.
Otra mancha para la rendición de cuentas ha sido la impotencia de la Fiscalía Especial sobre Movimientos Sociales y Políticos del Pasado para investigar y consignar a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en 1968 y 1971. A esta impotencia se agrega la incapacidad para esclarecer los numerosos asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.
El otro punto flaco es la parálisis de la reforma judicial. El informe de HRW senala como problemas más agudos la persistencia de la tortura y el uso indebido de la prisión preventiva. Fox envió al Congreso una iniciativa de reformas que transformaría de raíz las prácticas policiacas y judiciales, introduciendo en la Constitución el principio de presunción de inocencia, del que actualmente carece, nulificando la validez de confesiones extraídas bajo tortura y dando mayor poder a los jueces para otorgar la libertad condicional que actualmente se impide en todos los casos de delitos graves. La cifra que ofrece HRW es contundente: 40% de los presos no han sido sentenciados y conviven por fuerza con criminales convictos.
La parálisis de la iniciativa de Fox se debe a la extendida percepción de que la protección de los derechos humanos conduce a debilitar al Estado en la persecución de los verdaderos criminales. Esta idea es errónea pues la experiencia internacional muestra que el respeto a los derechos humanos conduce a elevar el nivel profesional y el apego a la ley por parte de los cuerpos policiacos. Basta recordar lo que ocurrió hace dos semanas en Atenco.
El informe ofrece un instrumento valioso para evaluar el problema de los derechos humanos en México, aunque es insuficiente para esclarecer una contradicción. Por un lado se afirma que una parte esencial del ejercicio democrático del poder es el apego de los gobernantes a la ley y, por otro, que muchas leyes vigentes en México son causa de violaciones a los derechos. Este punto apela a revisar la relación entre derechos y leyes que en México se caracteriza por una distancia todavía abismal.
No hay nada que produzca más escalofríos que escuchar de algún juez o funcionario de procuradurías y ministerios públicos la consabida frase ""se resolverá conforme a derecho"". Es una hipérbole para anunciar que muy probablemente no se procederá con justicia.
* Investigador del IIS-UNAM
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