Todos los diputados federales acordaron repartir entre sus ocho partidos los 12 millones de pesos aportados por el gobierno para reforzar los trabajos de la comisión negociadora de la reforma del Estado. Esos recursos se suman a los más de 500 millones de pesos que reciben los coordinadores parlamentarios para, entre otras cosas, contratar asesores y apoyo técnico. Sin embargo, los miembros de la honorable Cámara de Diputados no piensan nada más en ellos. El martes, tres semanas después del reparto senalado, acordaron la donación voluntaria de un día de su dieta -2 mil 560 pesos- para auxiliar a los damnificados por las inundaciones de Tabasco.
Si todos los 500 diputados atienden la convocatoria, los tabasquenos podrán beneficiarse con aproximadamente un millón 280 mil pesos, poco más de la décima parte de los 12 millones distribuidos entre los partidos. No es mal negocio.
Naturalmente, estos cálculos están hechos sobre el salario base de un legislador, que en realidad percibe más: 4 mil 948.20 pesos diarios, o sea, 148 mil 446 pesos mensuales.
Además de estar entre los mejor pagados del mundo, los diputados mexicanos perciben ingresos adicionales para oficinas, ayudantes, automóviles, peaje de autopistas, boletos de avión, gastos médicos, de oculistas y odontólogos, seguros de vida, asesores y actividades legislativas.
Como se ve, no es gratuito que muchos ilustres ciudadanos se esfuercen en conquistar una curul, cuyo reparto es en los hechos potestad de los poderosos partidos políticos.
Ya en el recinto legislativo, una de las preocupaciones principales de los representantes populares es conseguir que sus prerrogativas y gastos de operación sean mejorados constantemente, a diferencia de los salarios mínimos, dejados a su suerte.
Como poder soberano, el Legislativo siempre está en riesgo de incurrir en excesos impunemente. La única sanción notoria sería la del voto, que sin reelección no es aplicable.
De la que no se salvan es de la opinión pública. Una encuesta realizada hace cuatro meses por Ipsos-Bimsa revela que 66 por ciento de los mexicanos desaprueba el desempeno de sus diputados. Sin embargo, hasta en esta encuesta resultan favorecidos, pues el nivel de aprobación de los legisladores de otros siete países es menor.
Indudablemente es deseable una transparencia mayor en el desempeno de la honorable Cámara de Diputados, como según el protocolo debe ser llamada, pero sobre todo es necesaria una mayor responsabilidad política en el ejercicio de cada representante popular, con el objeto de que cada vez sus actos correspondan a esa distinguida denominación.
A 30 anos de iniciada, la reforma política, ahora del Estado, ha ofrecido frutos, pero todavía puede dar más de sí. El poder presidencial ha sido acotado, pero el Poder Legislativo se ha expandido y necesita reconocer sus propios límites, y particularmente estar más expuesto al escrutinio público y al buen juicio de los ciudadanos.
El manejo sensato del dinero no es cosa menor en un país sobrado de necesidades y de tragedias. Resarcir el dano causado por éstas sería un mejor destino de los excedentes. (El Universal)
