"Dentro de poco México comenzará a extraditar a Estados Unidos a importantes capos del narcotráfico para que enfrenten también allá a la justicia, según anunció ayer el presidente Vicente Fox en una entrevista radiofónica. Ello será posible porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación desbrozó los procedimientos jurídicos para que no haya contravenciones constitucionales.
De tal forma, si el gobierno de Estados Unidos muestra evidencias suficientes a la autoridad mexicana, los infractores podrían ser puestos a disposición de sus tribunales para que paguen sus culpas allá, después de haber sido enjuiciados aquí.
Esta medida podría significar, asimismo, una acción en contra de la impunidad, pues el cumplimiento de condenas carcelarias en Estados Unidos significa también el pago de una deuda contraída por ellos con seres humanos a los que -sujetos y bandas criminales- otorgaron el dano de la droga, de la violencia y de toda esa criminalidad que camina al lado de una actividad naturalmente reprobable.
En todo caso, la medida se inscribe en la cooperación internacional para luchar contra el crimen organizado de manera frontal y abierta, como dijo el propio Presidente. Naturalmente, una medida de esta naturaleza tiene el pro del abatimiento de la impunidad para este tipo de actividades, pero también tiene algunos riesgos que merecen ser evaluados.
Seguramente ya habrá sido considerado el hecho de que en otros países, donde medidas similares fueron aplicadas, hubo un inmediato incremento de la violencia como reacción de los bajos fondos. Es decir, deberemos estar preparados para esperar cualquier brote de esa naturaleza y sofocarlo.
Otro aspecto es particularmente importante. Requerimos un manejo escrupuloso y de máximo rigor de la ley, para evitar que por errores, descuidos, omisiones o dolo, sean extraditadas personas inocentes de los cargos que se les imputen. Esto no es extraordinario. En el propio Estados Unidos se ha descubierto la inocencia de ejecutados en la silla eléctrica muchos anos atrás.
Nadie está a favor de los traficantes de drogas, que destruyen algo de lo más valioso que pueda tener un país, como son sus jóvenes, y socavan las bases de la seguridad nacional y de la convivencia civilizada y progresista. Pero todos los procesados tienen derecho a ser considerados inocentes mientras no se pruebe suficientemente lo contrario, de acuerdo con la ley.
Es comprensible que el presidente Fox agradezca a la Suprema Corte el haber ""abierto la puerta"" para la extradición de los barones de la droga, porque, como él mismo ha reconocido, la inseguridad es uno de los grandes problemas que no han sido resueltos. Pero es asimismo exigible el cuidado extremo en el empleo de este nuevo instrumento de la lucha contra la delincuencia mayor.
Ajustarse estrictamente a las normas del estado de derecho es laborioso y no se compagina con la celeridad que quisiéramos en el combate al narcotráfico, pero si no asentamos nuestro proceder en la más rigurosa ética jurídica y política, corremos el riesgo de convertir un nuevo recurso legal de acción en una herramienta de injusticia.
La recomendación es válida para ambas partes, tanto para los fiscales estadounidenses que deben formular los pedidos de extradición como de los jueces mexicanos que han de dictaminar su procedencia.
Éste puede ser un avance en esa lucha contra el narcotráfico que parece interminable, pero hagamos valer el peso de nuestras leyes y exijamos rigor ejemplar en su empleo (El Universal)
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