"Uno de los sectores más afectados con la Ley Federal de Radio y Televisión, que fuera recientemente aprobada por el Congreso de la Unión, fue la de los medios de comunicación públicos, dado que al estar orientada al fortalecimiento de los grandes consorcios privados, no hay muchos espacios legales que apoyen su fortalecimiento, y por el contrario, parece indicar que se restringirá, aun más, su presencia social y mediática. Representantes de estos medios, reunidos en un foro convocado por El Universal, expusieron esta problemática y aseguraron que hubo descuido por parte del gobierno frente a este tema, puesto que, por ejemplo, la convergencia digital la previó el sector privado desde hace mucho, de tal manera que los medios públicos quedaron rezagados para los nuevos tiempos. ""Los medios públicos no estamos en contra de los privados, pero vemos desdén en la ley hacia nosotros"", aseguró Ernesto Velázquez, director general de Tv-UNAM.
Incluso expusieron la posibilidad de ampararse ante una ley que abre una enorme brecha entre medios privados y públicos, y que a la sociedad le cierra opciones de contenidos y de calidad a los que debería tener acceso.
Ciertamente, lo inequitativo de la legislación aprobada pone en tela de juicio muchos aspectos de la comunicación pública y quedan en riesgo de naufragar otros representantes del sector que no son los tradicionalmente beneficiados con concesiones y permisos. Los medios del Estado, como Canal Once, Tv-UNAM, los permisionarios como Canal 22 o los medios de comunicación indígenas o comunitarios se enfrentan -como quedó de manifiesto en el citado foro- a la urgencia de redefinir su papel, dado que al ser puestos en desventaja por la actual legislación, su labor no se entenderá. En muchos países, incluidos de los llamados del primer mundo, la radio y la televisión públicas son verdaderas anclas y soporte de la educación y la cultura, así como un sano contrapeso a los mensajes de los medios comerciales.
Tal equilibrio, que enriquece las opciones de elección de la ciudadanía, es lo que está en riesgo de ser cancelado en nuestro país, que no se puede dar el lujo de carecer de medios que favorezcan la vida cultural y nos identifiquen como mexicanos.
Si el actual gobierno no tiene especial afecto por los medios públicos, bajo la sola idea de que su papel como autoridad no debe ser la de operar estaciones de radio o televisión, cabe recordar que, en esencia, son medios propiedad del Estado y no del gobierno, lo cual es un concepto mucho más amplio y que, por lo mismo, cumplen funciones de mayor alcance en la sociedad, por lo que deberían responder a una verdadera política de comunicación, cultura y servicio social.
Debemos fortalecer a los medios públicos, porque ellos son la garantía de una sociedad equilibrada.
Los pocos resquicios que pudieran quedar en la ley para defenderlos, incluido el amparo, deben ser puestos a disposición de apoyar esta alternativa de comunicación. Al final, el único beneficiario será el espectador, el oyente, el que será capaz de tener acceso potencial a la mayor cantidad de mensajes y contenidos posibles. (El Universal)
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